Según manifestó la Plataforma en una nota de prensa, la redacción de esta norma en el Real Decreto es una 'vía muerta' ya que "no hay vivienda pública disponible para estos realojos, existiendo incluso la posibilidad de que se rechace el recurso habitacional público por parte del interesado".

"Tememos que, bajo la apariencia de una exención, el Gobierno siga bloqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la administración mira hacia otro lado", aseguró esta entidad.

Asimismo, también mostró su enfado por el hecho que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se inste a los responsables de certificar la vulnerabilidad a actuar con "mayor rapidez y claridad" pero "se siga sin aportar recursos para ello".

"Exigir celeridad a unos Servicios Sociales ya colapsados, sin dotarlos de medios técnicos ni humanos para contrastar la información, es una temeridad que solo beneficia a los inquiokupas. Sin recursos para verificar los datos, se seguirán colando miles de 'falsos vulnerables' que se aprovechan del sistema a costa de los propietarios", aseveró.

También aseguró que es "intolerable" que el Gobierno exija ahora una “mayor agilidad de la administración de Justicia para combatir los casos puntuales en que haya personas que se quieran aprovechar de estas medidas de protección social” cuando los juzgados están "completamente colapsados" y "dependen exclusivamente del informe de servicios sociales para verificar información cuando, en muchas ocasiones, están sin contrastar".

CRITICOS CON EL LÍMITE

La Plataforma, que agradeció a los grupos políticos el haber "arrancado" al Gobierno esta exención que permite ejecutar lanzamientos de vivienda en inmuebles cuyo propietario solo tenga una o dos viviendas, lamentan que no se amplíe a propietarios de tres viviendas.

"El decreto vuelve a permitir que el Gobierno eluda su obligación en materia de vivienda y de atención a las familias vulnerables, derivando al propietario de más de tres viviendas la obligación de disponer de un recurso habitacional para las familias vulnerables", denunció, a la vez que lamentó que se equipare a un 'pequeño ahorrador' con tres viviendas con los grandes fondos de inversión o entidades bancarias, incluyéndolos a todos en el mismo saco de 'gran tenedor'.

Por último, mostró su sorpresa por el hecho de que la norma incluya un supuesto que exime de la paralización a propietarios de más de tres viviendas en situación de vulnerabilidad y delegue en un juez la potestad dirimir cuál de las dos partes es más vulnerable para disponer de la posesión de la vivienda. "Se podrían dar supuestos de que sea el propietario quien tuviera que solicitar un recurso habitacional a servicios sociales cuando dispone de uno inquiokupado", sentenció la Plataforma.