Según explicó Extranjería Clara a través de un comunicado con motivo de la regularización extraordinaria, esta es una medida, “más que una reforma administrativa” porque supone, para muchos migrantes irregulares, el “fin de años de incertidumbre y de vidas desarrolladas en la periferia del sistema, sin acceso pleno a derechos básicos”.

Asimismo, los especialistas de la plataforma indicaron que es una medida con potencial, pero también con importantes exigencias técnicas. El fundador de Extranjeria Clara, Guillermo J. Valderrábano dijo que se trata de una “oportunidad única”, aunque “no sustituye el rigor del derecho migratorio ordinario”, por lo que cada solicitud de regularización tendrá que “estar muy bien trabajado”.

También, subrayó que el factor decisivo será la calidad de las pruebas aportadas: “la diferencia entre una resolución favorable y una denegación puede estar en cómo se documenta la residencia o en la coherencia del conjunto de pruebas aportadas”.

Desde el punto de vista económico, la plataforma aseguró que la medida llega en un momento en el que España afronta “retos demográficos y laborales evidentes”.

Del mismo modo, la plataforma cree que esta medida supone un reconocimiento de derechos a los migrantes, que incluye la posibilidad de trabajar en cualquier sector y lugar del país. Este paso administrativo marca un “cambio sustancial” en la estabilidad de miles de personas, que podrán empezar a salir de la economía sumergida mientras se resuelve su expediente. Igualmente, esta regularización “se perfila ya como un punto de inflexión en la política migratoria española”.

El texto de la iniciativa se articula mediante un real decreto, lo que permite una puesta en marcha más ágil que una ley ordinaria y evita la vía parlamentaria. El texto del decreto ya está en audiencia pública hasta el 6 de febrero y el Gobierno prevé que el plazo de solicitudes se abra a principios de abril y se extienda hasta el próximo 30 de junio.