Así lo manifestó a través de un comunicado en el que también aseguró que la aplicación de este pacto supone una “oportunidad” para mejorar la garantía de los derechos de la infancia migrante, solicitante de protección internacional y refugiada. Asimismo, dijo que el PEMA pretende armonizar las normas migratorias y reforzar la solidaridad europea.

La responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, explicó que España tiene la “oportunidad de liderar en Europa una protección real de la infancia migrante”, pero, para ello, es “imprescindible” que la implementación del PEMA “no reduzca los estándares actuales, sino que los refuerce”.

También, la entidad considera “fundamental” recordar que tanto España como los demás Estados miembros de la Unión Europea (UE) ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN), la cual, establece obligaciones “muy claras” con respecto a la protección de la infancia migrante y refugiada.

Escorial subrayó que el hecho de que el PEMA articule regímenes diferenciados para la infancia nacional de terceros países o apátridas respecto de la infancia nacional de los Estados miembros podría suponer una “vulneración del derecho a la no discriminación del art. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

En este sentido, más allá del derecho soberano del Estado a decidir quién tiene derecho a entrar en su territorio y a permanecer en él y con qué requisitos, los niños que se encuentran en territorio español “han de disfrutar por igual” de sus derechos, “sin discriminación por su origen ni por su situación administrativa”.

La Plataforma de la Infancia señaló también que otras organizaciones también advirtieron de que varias disposiciones del PEMA podrían contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño como, por ejemplo, la detención de niños y adolescentes, incluso en centros de carácter penitenciario; la posibilidad de romper la unidad familiar el uso de la fuerza para la toma de datos biométricos; o devoluciones a países donde su seguridad pueda verse comprometida.

Sin embargo, la Plataforma de Infancia también considera que este periodo de implementación es una “oportunidad para avanzar en la protección de la infancia migrante”. España debe aplicar el pacto de acuerdo con la Convención y abordar las “modificaciones normativas que deberán emprenderse en los próximos meses” para su aplicación con un enfoque de infancia y derechos humanos, aplicando los estándares más garantistas para la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados.

Los próximos meses, alertó, serán “determinantes” para incidir en la defensa de los derechos de la infancia migrante y refugiada, y para garantizar que la aplicación del PEMA en España “no solo cumpla la normativa europea, sino que garantice el cumplimento de la Convención sobre los derechos del niño y refuerce la protección” de menores migrantes.