“El 50 % de las salidas del sistema no se explican y solo un 17 % corresponde a reintegraciones familiares” señaló la responsable de Desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano. “Además, las desigualdades territoriales siguen siendo enormes. En Ceuta una de cada diez niñas, niños y adolescentes está bajo protección, frente a una de cada 450 en Aragón”.

Hogarizar se centró en la prevención y entrada al sistema de protección, la salida y reintegración familiar, y el contexto general de la protección a la infancia. En 2023, un total de 51.972 niñas, niños y adolescentes estuvieron bajo medidas de protección en España.

“Las diferencias territoriales son abismales: Ceuta multiplica por quince la media estatal, con una tasa de 9.568 por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes, frente a los 223 de Aragón. Estas cifras no solo muestran distintos modelos de intervención sino desigualdad en el acceso a derechos”, explicó la técnica del Observatorio Hogarizar Leire Olmeda. “En algunos territorios las medidas de protección se activan con mucha frecuencia, y en otros casi no se detectan situaciones de riesgo. La garantía de los derechos y la protección de la infancia no puede depender del código postal”.

“No hay información pública sobre qué tipo de ayudas se están ofreciendo a las familias ni sobre su eficacia para evitar la separación familiar”, apuntó Sara Toledano. “La transparencia es el primer paso para garantizar derechos y evitar separaciones innecesarias”.

En cuanto a las salidas del sistema, se detectó que más de la mitad no cuentan con una causa informada. En 2023 se registraron 16.644 salidas de niñas, niños o adolescentes del sistema de protección, pero más del 50 % no tuvo motivo informado. “Andalucía lidera esta opacidad, con un 67 % de salidas sin causa identificada. Solo el 17 % de las salidas responde a reintegraciones familiares, y las adopciones se mantienen estables, con 555 casos en todo el Estado. Las y los adolescentes continúan siendo el grupo con menos oportunidades de acceder a una familia: aunque representan el 35 % del sistema de protección, solo suponen el 5 % de las adopciones”, señalaron desde la Plataforma.

“Cuando no sabemos por qué una niña o un niño deja un centro o una familia acogedora, no podemos garantizar su protección”, advirtió Toledano. “La desinstitucionalización no se logra solo con adaptar o transformar residencias, sino acompañando cada historia para que ninguna quede fuera del sistema de apoyos”.

Aragón, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla redujeron el número de niñas, niños y adolescentes en el sistema en los últimos dos años, “lo que podría reflejar avances en prevención”. Sin embargo, “las diferencias entre comunidades siguen siendo muy marcadas” en tasas de tutela, tipos de acogimiento y relación con la Fiscalía. “Hogarizar significa garantizar entornos afectivos y estables para todas las niñas, niños y adolescentes, vivan donde vivan. Necesitamos datos comparables, inversión en acompañamiento familiar y políticas públicas que permitan crecer en un hogar, no en instituciones”, concluyó Toledano.