La organización considera que “esta reforma es imprescindible para poner fin a una discriminación que vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”.

“El deporte es una actividad esencial para todas las personas y, de manera especial, para niñas, niños y adolescentes, por los múltiples beneficios que aporta a su desarrollo físico, emocional y social, así como por su papel clave en la inclusión y la socialización”, apuntaron desde la Plataforma de Infancia. Sin embargo, señalaron que la actual Ley del Deporte, la Ley 39/2022, impide que la infancia migrante en situación administrativa irregular pueda obtener una licencia federativa y participar en competiciones oficiales, a pesar de que la propia norma reconoce el deporte y la actividad física como actividades esenciales y un derecho de todas las personas.

“La situación administrativa no puede estar nunca por encima de la condición de niña, niño o adolescente. Negarles el acceso al deporte federado es negarles sus derechos”, señaló la responsable de incidencia de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, que además subrayó que “el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo integral, el bienestar emocional y la inclusión social, y excluir a parte de la infancia por motivos burocráticos genera un daño evitable y contrario a los compromisos del Estado”.

Desde la organización explicaron que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, establece la obligación de garantizar todos los derechos a la infancia sin distinción alguna, con independencia de su origen nacional o de cualquier otra condición. Además, reconoce de forma expresa el derecho al juego, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de la edad, así como el derecho de asociación.

“Esta exclusión se produce como consecuencia de varios artículos de la Ley, en concreto el artículo 9, el artículo 48.3 y el artículo 49.5, que limitan la promoción de la práctica deportiva, la participación en federaciones y la expedición de licencias deportivas a personas extranjeras con residencia legal en España. Para la Plataforma de Infancia, esta restricción vulnera de forma directa el derecho a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes migrantes, al hacer prevalecer su situación administrativa sobre su condición de infancia”.

En este sentido, la Observación General número 17 del Comité de los Derechos del Niño apuntó que "el derecho al juego incluye la práctica deportiva y la participación en competiciones, sin que pueda existir discriminación por razón de origen o situación administrativa".

La Plataforma de Infancia recordó que “el Defensor del Pueblo ya recomendó en 2023 la reforma de la Ley 39/2022 para evitar interpretaciones que limiten los derechos de las personas migrantes, una recomendación que ha sido reiterada posteriormente”. En la actualidad, la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales “abre una oportunidad legislativa para corregir esta situación y garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera del deporte federado por razones administrativas”.

“Garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la práctica deportiva no es una cuestión opcional, es una obligación derivada de los derechos de la infancia”, concluyó Escorial, que volvió a pedir a los grupos políticos que “apoyen estas enmiendas y pongan fin a una discriminación que no tiene cabida en una sociedad comprometida con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.