Así lo reivindicó en un comunicado emitido coincidiendo con el quinto aniversario de la aprobación de dicha ley y en el que valoró “positivamente” los “avances anunciados” en la reforma de la ley aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

“Sin embargo, el principal reto sigue siendo garantizar su aplicación efectiva en todas las comunidades autónomas”, recordó al respecto la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

Las organizaciones de infancia consideran que la reforma todavía debe incorporar algunas medidas “fundamentales” para “reforzar” la protección de los derechos de la infancia. Entre ellas, la extensión de la prueba preconstituida hasta los 18 años, ampliando el límite actual de 16 años para “evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales”.

“En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha sido muy claro y ha instado a España a adoptar medidas para garantizar una justicia especializada que no revictimice a las niñas y niños víctimas, como la implantación del modelo Barnahus o la garantía de la prueba preconstituida para toda la infancia víctima sin límite de edad”, explicó Escorial.

AVANCES MÁS RELEVANTES

Asimismo, uno de los “avances más relevantes” en la reforma de la ley para la Plataforma de Infancia es la creación de la figura de coordinación de protección en los centros de acogimiento residencial. Hasta ahora, la Lopivi contemplaba figuras de protección en ámbitos como el educativo, el deportivo o el ocio y tiempo libre, mientras que los centros residenciales seguían careciendo de esta herramienta específica.

“Las niñas, niños y adolescentes que viven en el sistema de protección se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, indicó Escorial.

En este sentido, advirtió de que, para que esta figura sea “realmente efectiva, no basta únicamente con su designación formal, sino que debe convertirse en una referencia segura para las niñas, niños y adolescentes, garantizando que puedan ser escuchados y recibir ayuda cuando la necesiten”.

Sin embargo, según las organizaciones de infancia, es necesario abordar otras medidas en la reforma para garantizar que los centros de protección son entornos seguros.

IMPRESCINDIBLE

A este respecto, juzgan “imprescindible” prohibir cualquier medida disciplinaria o sancionadora que pueda vulnerar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en los centros de acogimiento residencial, incluyendo cualquier forma de contención en todos los tipos de centro.

“Confiamos en que durante la tramitación de la reforma se puedan incorporar estas mejoras para avanzar hacia un marco normativo plenamente alineado con los estándares internacionales de protección de la infancia”, concluyó Escorial.

En este contexto, la Plataforma de Infancia insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a “seguir fortaleciendo” la reforma actualmente en tramitación y a “redoblar los esfuerzos” para garantizar la plena implementación de la Lopivi en todo el territorio, de manera que todos los niños, niñas y adolescentes “puedan ejercer su derecho a crecer libres de violencia”.