El documento tiene como objetivo “plantear alternativas” para que España se ponga al nivel de la mayoría de los países europeos en inversión en ayudas a la infancia. “España solo destina alrededor del 1,5 % del PIB a políticas familiares, frente al 2,4 % de media en la Unión Europea, lo que la sitúa entre los países con menor gasto en ayudas a la infancia, muy por debajo de países como Alemania o Polonia”..

Se basa en una investigación realizada por Weipo, grupo formado por investigadores de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La primera propuesta ya se presentó en anteriores ocasiones y plantea una reforma del IRPF “para convertir el mínimo por descendientes en una deducción reembolsable que beneficie a las familias con bajos ingresos”. Según informaron, esta medida beneficiaría a 5,6 millones de niños, niñas y adolescentes que actualmente sufren los efectos de la pobreza infantil, reduciéndola en un 3,6 % y la intensidad en un 7,3 %. El coste neto anual para las arcas públicas sería de 1.276 millones de euros, y tendría un objetivo “no solo de reducción de pobreza, sino de apoyo a la crianza”.

La segunda propuesta propone una modificación del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), ya sea “duplicando su cuantía”, o “ajustándola por edades y aumentando el complemento para niñas y niños de 6 a 17 años”, cuyos efectos esperados sería la reducción de un 10,5 % y de un 22,2 % de la pobreza infantil, respectivamente. Ambas medidas alcanzarían a 4 millones de niñas y niños.

“Estimamos que el coste de duplicar la cuantía a alcanzaría los 3.433 millones de euros anuales, mientras que la ampliación del complemento por edades aumentaría su coste hasta los 6.249 millones de euros anuales. Es importante señalar que una de las principales limitaciones actuales del CAPI es el “non take up” que tiene la medida, por lo que debería reforzarse su accesibilidad”, afirmaron.

La tercera propuesta sugiere crear una prestación universal por hija o hijo a cargo menor de 18 años con una prestación de 100 euros al mes por niñas o niños - tributable o no- o una de 200 euros en ambas versiones. En el caso de la de 100 euros, la reducción de la pobreza infantil se situaría en un 8,5% en el caso de no tributable, con un coste de 6.040 millones de euros) y en 6,2% tributable con un coste de 3.765 millones de euros.

Por su parte, una prestación universal de 200 euros tendría la capacidad de reducir la pobreza infantil entre un 21,5% y un 27% y su intensidad entre un 45 % y un 47,5 %, alcanzando a 8 millones de niñas, niños y adolescentes. “Con un coste estimado de 10.957 millones de euros en su versión tributable y de 15.694 millones en su versión no tributable. Es la medida que más pobreza reduciría y que, además tiene potencial de prevención de la pobreza”.

“La pobreza infantil no es inevitable es consecuencia de decisiones políticas. Superarla requiere voluntad y compromiso y una apuesta real por la igualdad de oportunidades. La evidencia demuestra que combinar prestaciones focalizadas y universales es la fórmula más eficaz”, señaló el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra. “Diecinueve países ya cuentan con ayudas universales a la crianza. España sigue sin ellas”.

Asimismo, la responsable de Incidencia Política de Save the Children, Catalina Perazzo, explicó que, “pese a los avances en los últimos años, la mejora económica no ha reducido la pobreza infantil".