Así lo reclamó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, que, a su juicio, “reformaron de forma integral el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España”.

Una década después, Plataforma de Infancia valora "los avances logrados”, pero también “alerta” de los “retos aún pendientes” para “garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

A su juicio, estas reformas legislativas supusieron una transformación “profunda” del marco jurídico, con la modificación de cerca de 20 normas, incluido el Código Civil y, según su responsable de desinstitucionalización, Sara Toledano, “por primera vez, se colocó a la infancia y la adolescencia como sujetos plenos de derechos, fortaleciendo principios fundamentales como el interés superior del menor, el derecho a ser escuchado y la prioridad de las medidas familiares frente a las institucionales”.

Tras puntualizar que esta reforma también “respondió” a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y recogió demandas de la sociedad civil expresadas en su informe complementario, entre los “avances destacados” la plataforma mencionó la mejora del sistema de acogimiento familiar, la supervisión de los centros residenciales y la definición de estándares mínimos comunes para las comunidades autónomas.

APLICACIÓN DESIGUAL

“Sin embargo, diez años después, la aplicación de estos principios continúa siendo desigual”, advirtió Toledano, teniendo en cuenta que, según la plataforma, existen “diferencias significativas entre comunidades autónomas” en cuanto a recursos disponibles, formación de profesionales, calidad de los servicios y mecanismos de participación infantil y, además, la falta de inversión “suficiente” es algo que “impide hacer efectivos muchos de los derechos reconocidos en la ley”.

Para la plataforma, uno de los “pilares” de la Ley 26/2015 fue la “priorización” del acogimiento familiar frente al residencial, si bien lamentó que, una década después, el acogimiento familiar “solo alcanza al 51,4 % de las niñas, niños y adolescentes separados de sus familias”, un porcentaje que, a su entender, “muestra una implementación aún insuficiente del principio establecido por la ley”.

La reforma también “reforzó” el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en todas las decisiones que les afectan, pero los mecanismos de participación infantil “siguen siendo muy dispares entre comunidades autónomas y, en muchos casos, meramente simbólicos”, según la entidad, que deslizó que esto “evidencia que el cambio legislativo aún no se ha traducido en un cambio real y sostenido en las prácticas del sistema de protección”.

En este sentido, Toledano reivindicó que los derechos de la infancia y la adolescencia “deben seguir siendo una prioridad política y, para que sean efectivas, deben asignarse presupuestos específicos y suficientes”.

EVENTO

Con el objetivo de hacer balance de estos diez años, la Plataforma de Infancia organizará el próximo 18 de septiembre el evento ‘10 años de transformación del sistema de protección de la infancia’, que tendrá lugar en el Auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y reunirá a personas expertas y representantes de las administraciones públicas para “reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos actuales del sistema de protección”.

Este encuentro forma parte de Hogarizar, un proyecto impulsado por la Plataforma de Infancia para contribuir al proceso de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes en España.