Así lo precisó en un comunicado en el que advirtió de que favorecer la conciliación familiar es “una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema de protección social".

Las organizaciones de infancia valoran que el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros permita que puedan beneficiarse del permiso parental “todas las niñas y niños, independientemente de que sus madres o padres sean trabajadoras o trabajadores públicos, asalariados o autónomos”.

“Esto garantiza una cobertura más amplia y equitativa, que refuerza el derecho al cuidado en la primera infancia. Además, contiene una cobertura del 100% de la base reguladora durante las semanas remuneradas del permiso parental, que permite que todos los trabajadores puedan ejercer este derecho sin perder ingresos, lo que facilita su uso real y efectivo”, abundó.

No obstante, lamentó que “solo reconoce dos semanas remuneradas, mientras que las otras seis siguen sin compensación económica” y que el permiso solo se aplicará a bebés nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

A este respecto, la responsable de incidencia de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, indicó que el Gobierno “justifica esta aplicación parcial con la llamada cláusula pasarela, que permite compensar con otras medidas más favorables”. “Será necesario revisar en profundidad si esta estrategia cumple realmente con los mínimos europeos y, en todo caso, cumplir con el mínimo no debería ser el objetivo cuando hablamos del bienestar de niñas, niños y adolescentes”, apostilló.

La organización considera también “muy positivas” otras medidas anunciadas, que, a su juicio, suponen “un gran avance para proteger mejor las necesidades de las niñas y de los niños”.

Entre ellas, mencionó la ampliación del permiso por nacimiento a 17 semanas para cada madre o padre, si bien pidió que se amplíe hasta 24 semanas, así como la ampliación del permiso hasta 32 semanas de nacimiento y cuidados para las familias monoparentales.

En este contexto, Escorial aseveró que España “debe ir más allá del mínimo legal europeo”, convencida de que las políticas de conciliación y corresponsabilidad “son esenciales para reducir la desigualdad y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, especialmente en un país donde una de cada tres niñas y niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social”.