Según el presidente de esta plataforma, Antoni Cañete, una de las “más desafiantes” enmiendas pretende eliminar la obligación de información de las grandes empresas sobre sus prácticas de pago, esto es, que “pueden pagar como les dé la gana y nadie se va a enterar”.

Además, en su opinión, la aprobación de esta enmienda demostraría el “poder de las grandes empresas por encima de la Unión Europea”, lo que supondría un “total despropósito, más si cabe cuando en otros países están haciendo todo lo contrario, como es el caso de EEUU”.

Otra de las enmiendas sobre la que la PMcM expresó su desacuerdo es la que busca que para los productos de baja rotación los plazos de pago puedan ampliarse hasta los 120 días naturales a partir de la fecha de recepción de la factura.

No obstante, hay otras enmiendas que, aunque son “peores” que la propuesta inicial, la PMcM las acepta porque las considera “razonables”, como es que el plazo de pago general de 30 días sea ampliable a 60 si incluye la necesidad de un periodo de certificación.

Según señaló la plataforma, de aprobarse estas “desafortunadas enmiendas, las grandes empresas triunfarán dejando a las pymes desamparadas en una situación extra vulnerable, y esto no lo podíamos permitir”, manifiesta el presidente de la PMcM.