El conflicto entre el Ayuntamiento y la Plataforma por el Ocio se reabrió hace unas semanas con la orden de cese y precinto del Teatro Barceló durante un año por dos incumplimientos del aforo permitido. Los empresarios no están de acuerdo con el criterio empleado por la Agencia de Actividades, encargada de las inspecciones, ni con la manera en que se regula actualmente el aforo.

El cese de Barceló se alargará tras aceptarse las medidas cautelares que solicitaron los promotores. Una decisión judicial que celebraron desde la plataforma y que el Ayuntamiento cumplirá, según explicó la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, este jueves.

También aprovechó para insistir en la necesidad de cumplir con la norma. "Desde el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, lo que tratamos es de garantizar y primar la seguridad en cada uno de los locales que tenemos en en la ciudad y en tanto las medidas y la normativa sea la actual, lógicamente hay que cumplirla en las condiciones actuales".

Desde la plataforma emitieron un comunicado en la noche del martes en el que defienden que las medidas cautelares ponen de manifiesto "el desgobierno y la actuación errática es uno de los organismos de la administración más importantes y aquel que tendría que velar por la seguridad de los madrileños". También muestran su apoyo al Teatro Barceló ante "el grave perjuicio reputacional provocado por las actuaciones irregulares y desproporcionadas del Agencia de Actividades". "La noche madrileña es segura y los locales de ocio y hostelería actúan de forma profesional protegiendo la integridad física de sus clientes y sus trabajadores", subrayan.

Aunque la vicealcaldesa se volvió a abrir al diálogo este jueves la patronal explica en el comunicado que pese a estas llamadas a dialogar el Ayuntamiento "persiste en el incumplimiento reiterado del compromiso por acometer la elaboración de una nueva instrucción de aforos que acabe con el vacío legal existente en materia de aforos y de definición de los criterios de seguridad de los establecimientos públicos".

"Yo puedo comprender que ellos entiendan que no son correctas, que no son adecuadas, que ellos utilizarían otros otros métodos, pero son las que están en las licencias en estos momentos y por lo tanto, no son sencillas de modificar en ningún caso y están avaladas jurídicamente. Podemos hablar indudablemente y ver si se puede llegar a algún punto de de acuerdo, pero mientras eso no sea así, hay una normativa vigente que hay que cumplir", insistió la vicealcaldesa.