Así lo precisó este miércoles la plataforma en un comunicado en el que explicó que ha remitido formalmente su Proposición de Ley a la presidenta de la Comunidad de Madrid y “en próximas fechas”, a los consejeros de Presidencia y de Políticas Sociales, al presidente de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios PP, Más Madrid, PSOE y Vox.

El texto propone un marco jurídico “avanzado” que reconoce al Tercer Sector como agente “esencial” de cohesión social, participación democrática y garantía de derechos y establece un modelo “estable” de colaboración con las administraciones públicas.

Entre sus “principales aportaciones”, la plataforma destacó la creación de un sistema “estructurado” de diálogo civil, con participación del Tercer Sector en todas las fases de las políticas públicas así como la concertación social como fórmula “prioritaria” para garantizar “estabilidad, calidad y continuidad en los servicios sociales”.

En paralelo, también subrayó la elaboración de una Estrategia autonómica del Tercer Sector, con financiación, indicadores y evaluación y reclamó el reconocimiento “expreso” de las pequeñas asociaciones y entidades comunitarias, incluyendo subvenciones específicas para su función cívico-política y la incorporación de evaluación de impacto social, transparencia y rendición de cuentas como ejes del sistema.

COLABORACIÓN

La proposición también refuerza la colaboración en situaciones de emergencia, el voluntariado, la innovación social y la cooperación con empresas mediante mecenazgo y responsabilidad social.

En este contexto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Mariano Casado, señaló que esta ley “permitiría a Madrid dar un salto de calidad en sus políticas sociales, reconociendo a las entidades sociales como aliadas estratégicas de lo público y garantizando que ningún territorio ni ninguna persona quede fuera”.

La Plataforma ha solicitado reuniones con todos los actores institucionales para presentar la proposición y abrir un proceso de diálogo político y social que permita convertirla en una iniciativa legislativa durante 2026.