Así lo explicó la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ante los medios de comunicación tras entregar en el Congreso de los Diputados a varios grupos parlamentarios una propuesta de real decreto destinada a desarrollar la Ley Trans y reconocer la identidad de personas trans extranjeras.

La propuesta, elaborada junto a un equipo jurídico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), establece una regulación de un procedimiento para que las personas extranjeras puedan cambiar el nombre y/o el sexo legal en documentos españoles y puedan también hacerlo, aunque su país de origen no lo permita o suponga un riesgo.

Esta iniciativa fue entregada a varios grupos políticos en una reunión con la Plataforma Trans a la que asistieron PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC y Bildu y de la que se ausentaron Junts y PNV, pese a haber sido invitados. PP y Vox no fueron invitados a dicha reunión por parte de la Plataforma Trans al considerar que están desarrollando políticas en contra de sus derechos.

La presidenta de la Plataforma subrayó que existe falta de acción política, llegando a denunciar una “dejación, una inacción por parte de un gobierno progresista que no cumple con sus propias leyes”. Por ello, pidió “valentía política” y avisó de que la mejor forma de proteger los derechos es aplicar de forma efectiva la legislación vigente.

El texto del real decreto propuesto establece dos procedimientos para que las personas trans migrantes realicen el reconocimiento de su identidad. Por un lado, cuando no pueden cambiarlo en su país de origen y se acredita esa imposibilidad, se podrá modificar nombre y sexo en documentación española.

Así, la Administración española podría investigar la situación del país, pedir informes o aceptar pruebas diversas de esa imposibilidad y se facilitaría ese proceso a colectivos vulnerables como migfarntes solicitantes de asilo. refugiadas o apátridas (en estos casos no tienen que acreditar nada, basta su declaración).

Por otro lado, cuando las personas trans migrantes ya han cambiado su identidad en otro país. se reconocería automáticamente el cambio realizado en su país de origen o en otro Estado de la UE y se deben actualizar los datos en España de forma coordinada con registros, Policía, Seguridad Social, etc.

Esta propuesta será evaluada por los grupos para poder presentarla en el Congreso como una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a desarrollar la Ley Trans e incluye también instrucciones al Gobierno para dicha aplicación de la ley.

Entre esas instrucciones están la formación obligatoria de funcionarios en materia Lgtbi+, diversidad trans e intersex y se exige un trato “respetuoso” desde el inicio (uso del nombre y género sentido) por parte del funcionariado público de cualquier administración.

La profesora de Derecho Internacional Privado en la UCM y jurista que ha participado en la elaboración de la propuesta Patricia Orejudos explicó ante los medios de comunicación que esta propuesta busca hacer efectivos los derechos de las personas trans migrantes en España: “no modificamos nada, solo es desarrollar un mandato que hay en la ley para que se haga efectivo el derecho a la identidad”.

El trabajo surge a partir de la detección de problemas importantes en la aplicación de la Ley Trans. Según detalló la jurista, “había vulneración de derechos”, pese a que estos están reconocidos tanto en la Constitución como en normas internacionales. La finalidad del decreto es, por tanto, trasladar esos derechos a la práctica real.

Uno de los principales obstáculos que identifica es la falta de desarrollo reglamentario, lo que provoca que la aplicación de la ley quede en manos de funcionarios sin formación específica. Esto afecta especialmente a cuestiones como la adecuación de la documentación oficial a la identidad de género, un problema frecuente entre personas migrantes. Además, criticó que ahora “el mandato de la ley no se atiende, lo que pone en cuestión el cumplimiento del Estado de derecho.

Orejudos insistió en que la iniciativa no introduce novedades sustanciales, sino que se limita a hacer cumplir la ley. Desde la Plataforma Trans denunciaron que esta falta de desarrollo de la norma está provocando vulneraciones graves que afectan a unas 60.000 personas en España.