Así lo recordó este viernes la Federación de Consumidores y Usuarios CECU en un comunicado en el que admitió “celebrar” la entrada en vigor de las medidas que implica, pero apuntó al “papel decisivo” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a las que pide que “garanticen” su aplicación “efectiva” para “proteger” al usuario frente a los problemas que afectan a la sociedad digital, entre los que mencionó los productos “inseguros” y el “abuso” de los datos personales.

Asimismo, puntualizó que la DSA ya se aplica a 22 grandes plataformas y motores de búsqueda (VLOPs/VLOSEs, por sus siglas en inglés), si bien a partir del sábado se aplicará a todas las demás entidades de servicios digitales, incluyendo ciertos mercados en línea, servicios de redes sociales, plataformas de viajes y alojamiento en línea y otras plataformas de intercambio de contenido generado por el usuario.

“La DSA busca crear un espacio digital más seguro donde se protejan los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales y se aborden los riesgos sociales involucrados”, puntualizó, al tiempo que explicó que, en ese sentido, requiere que los intermediarios en línea, como las plataformas, “tengan un papel más activo para abordar el contenido ilegal que se encuentra online” y también establece “obligaciones adicionales de transparencia y de diligencia”.

Con este fin, la federación aseveró que introduce un “conjunto exhaustivo” de obligaciones, tales como requisitos “detallados” sobre cómo manejar notificaciones de usuarios y no usuarios sobre contenido “ilegal, perjudicial y otros, así como cómo responder a esas notificaciones”.

MÁS OBLIGACIONES

También obligaciones sobre cómo debe presentarse la publicidad de manera tal que los usuarios “sepan que se trata de anuncio y quién está detrás del mismo” y requisitos sobre la explicación de los sistemas de recomendación y la prohibición de "patrones oscuros".

En paralelo, incorpora obligaciones específicas de mercados en línea, como la obligación de conocer a sus usuarios comerciales y garantizar que la interfaz en línea esté diseñada para que los comerciantes cumplan con sus obligaciones sobre información precontractual, cumplimiento y seguridad del producto.

Por último, establece obligaciones de transparencia informativa en tanto deben publicar, al menos una vez al año, informes “claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos” y en torno a la protección de los menores en línea dado que no podrán presentar anuncios en su interfaz basados en la elaboración de perfiles mediante la utilización de sus datos personales.

En este contexto, la experta en derechos digitales de CECU, Anabel Arias, sostuvo que la DSA es “un paso en la buena dirección”, si bien consideró que “aún persisten dudas sobre cómo las plataformas aplicarán todas estas nuevas obligaciones”.

“Por ejemplo, un aspecto clave a determinar es si la Inteligencia Artificial Generativa, como ChatGPT o Bard, cae dentro del alcance de esta norma y, por ende, debe cumplir con las obligaciones de transparencia o gestión de contenido ilegal que impone. Se requerirán interpretaciones de las autoridades de aplicación e incluso de los tribunales”, advirtió, al tiempo que avanzó que CECU “seguirá trabajando” para “garantizar” que las leyes “protejan adecuadamente a las personas en la era digital y en monitorear de cerca la implementación y aplicación de la DSA”.