Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, este dato histórico se debe, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno Central a los ejecutivos autonómicos, algo que ha permitido “atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estos gobiernos”.

La cifra de julio de las comunidades autónomas supone un aumento de 0,71 días respecto a junio de 2022. En cualquier caso, se mantiene dentro del límite de 30 días que marca la ley.

En relación con la composición, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 17,42 días y la de operaciones pendientes de pago en 32,04 días. Ello supone una disminución de 0,94 días en la ratio de operaciones pagadas y un incremento de 2,94 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, respecto al mes anterior.

Ninguna comunidad presenta este mes un plazo medio de pago superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual el Ministerio de Hacienda y Función Pública comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se sitúa en 45,44 días, lo que supone un aumento de 0,77 días en relación con junio de este año. La ratio de operaciones pagadas se ha situado en 41,15 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 50,87 días.

Asimismo, las entidades locales en el modelo de cesión tienen un plazo de pago a proveedores de 58,94 días en el séptimo mes del año, lo que supone una disminución de 10,81 días en relación con el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el plazo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se mantiene y se sitúa en 9,29 días en el séptimo mes del año.