El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su informe no es vinculante.

El CGPJ no avaló en 2023 la propuesta del Gobierno de nombrar a García Ortiz como fiscal general, siendo esta la primera vez que el órgano colegiado se posicionaba en contra de un candidato presentado por Moncloa.

Una vez emitido el informe por el CGPJ, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso y la Cámara podrá llamar al candidato a la comisión correspondiente y hacerle preguntas “a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad” de este.

Una vez nombrado, el candidato a fiscal general del Estado prestará ante el rey juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años que coinciden con la duración de las legislaturas.

Únicamente podrá cesar antes de que este concluya a petición propia. por incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto como candidato al cargo de fiscal general del Estado.