En caso de alcanzarla, el texto concluiría su tramitación parlamentaria y ya quedaría listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su correspondiente entrada en vigor.

A su paso por el Senado, que ha introducido algún matiz relativo a la situación laboral del personal universitario y la convocatoria de plazas, el propio ministro de Universidades, Joan Subirats remarcó hace unos días que esas enmiendas “van a permitir reforzar las lógicas de transición que se necesitan en un proyecto de ley de esta envergadura, acompasando a los ritmos de financiación y siendo conscientes de que no podemos alargar en demasía esos plazos de transición para evitar que esta ley no se implemente”.

Según el ministro, el debate puso de relieve la necesidad de “salvaguardar el pluralismo y la diversidad en la universidad” como “elemento central de la vida universitaria”.

RETOS

En su opinión, el proyecto de ley permite abordar “grandes retos que tenemos planteados como sistema”, que según él pasan por la “democratización en el acceso”, donde reconoció que “sigue habiendo problemas”; la internacionalización (actualmente hay 31 universidades en redes europeas); la formación a lo largo de la vida y las microcredenciales y la transferencia de la investigación, donde el ministro también reconoció “déficits significativos”.

Esta iniciativa gubernamental, según indica en el propio texto, "pretende proporcionar instrumentos y habilitar espacios y dinámicas para que las universidades puedan seguir siendo un espacio de experimentación, innovación y participación".

Asimismo, la norma desarrolla "un modelo académico que asegura una formación integral avanzada y amplia y el desarrollo de habilidades personales y profesionales, tanto docentes como investigadoras, para desarrollar el pensamiento crítico y para acceder a empleos de calidad".