Durante el debate en el Congreso sobre el desfase prespuestario de 1995, el vicepresidente y ministro de Ecomía, Rodrigo Rato, explicó las diferentes partidas de este "agujero" y anunció que el Gobierno se propone remitir a las Cortes en los próximos días un proyecto de ley con un conjunto de reformas para un control más estricto del gasto público.

Según Rato,el objetivo de este proyecto de ley, que se tramitará junto con el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1997 y la Ley de Acompañamiento para que entre en vigor el 1 de enero de 1997, es evitar que en el futuro puedan realizarse prácticas similares a las que han generado las insuficiencias presupuestarias detectadas en el Presupuesto de 1995.

Entre estas reformas figura la posibilidad de abrir expediente administrativo-disciplinario a los funcionarios o autoridades que cometan infracciones pesupuestarias, que podrían conllevar su cese, así como el sometimiento de los gastos por convenio o contratos-programa a la normativa general de las subvenciones, estableciendo la obligada autorización del Consejo de Ministros con expediente de gasto previo.

Además, se restringe la aplicación de gastos de años anteriores al ejercicio corriente, se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciendo la obligación de comunicar en un plazo determinado, con 'retención de crédito''apertura de expediente de modificación', la realización de obras de emergencia, y se reforma la Ley de Expropiaciones Forzosas, imponiendo la obligación de 'retención de crédito' antes de proceder a la ocupación por el procedimiento de urgencia.

Otras medidas de este proyecto de ley que remitirá el Gobierno a las Cortes son la reforma del artículo 59 de la Ley General Presupuestaria, para evitar que los gestores puedan pagar los gastos de un concepto con créditos presupuestados para un gasto distint, y del artículo 65, estableciendo la obligatoriedad de convalidar los anticipos de fondos excepcionales antes de finalizar el ejercicio económico.

Rato insistió durante su intervención ante el pleno en la necesidad de recuperar la credibilidad prespuestaria y cumplir los requisitos de Maastricht, e insistió en que para ello es necesario aumentar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que no afectan al consumo básico de las familias ni a la inflación, e introducir reformas que eviten que esos "agjeros" presupuestarios vuelvan a producirse en el futuro.

Tras su intervención ante el Pleno, Rato se mostró "seguro" de que Bruselas aceptará que el "agujero" presupuestario se impute al ejercicio 1995, porque el Gobierno español ya lo ha imputado y lo ha hecho siguiendo fielmente los criterios del Sistema Integrado de Cuentas, que es el sistema integrado europeo.

Sobre la posibilidad de que se impongan sanciones, dijo que "el procedimiento de sanciones por incumplimiento de déficit presupuestaro antes de la fase tercera es muy extenso y, en cualquier caso, España siempre ha mantenido la posición de que el incumplimiento de déficit público se debe referir al total del período de convergencia", por lo que aseguró que no están en peligro los fondos de cohesión.

CONTESTACION DE SOLBES

La intervención de Rato tuvo una dura contestación por parte del ex ministro de Economía con el Gobierno socialista Pedro Solbes y viceversa. Solbes negó que exista ese "agujero" y acusó a Rato de haber utilizad "indebidamente" a la Intervención General del Estado al solicitarle un informe sobre los Presupuestos de 1995 para justificar una decisión política, la de subir los impuestos.

Solbes insistió en que el informe de la Intervención General del Estado "no pone de relieve ningún tipo de ilegalidad por parte del anterior Gobierno", y aseguró que las medidas decididas por el Ejecutivo de Aznar crearán problemas en términos de déficit, cumplimiento de los criterios de Maastricht y fondos de cohesión.

A u juicio, la utilización del supuesto "agujero" para subir los impuestos obedece a la necesidad del Gobierno de incrementar la recaudación ante la previsible caída de impuestos por las decisiones fiscales adoptadas, que favorecen a las rentas del capital, de "ensombrecer" la labor del anterior Ejecutivo y de facilitar la elaboración del Presupuesto de 1997.

Según el ex ministro, con esta operación "se le da la vuelta como un calcetín al discurso electoral del PP". "Los impuestos ya se han bajado para as rentas del capital y para las sociedades, y ahora que tocaba al resto de los ciudadanos, no sólo no se bajan sino que se suben, pero eso sí, por la responsabilidad del anterior Gobierno".

Solbes aseguró que la gran mayoría de los 721.000 millones ya están pagados y en contabilidad nacional o corresponden a créditos extraordinarios que ya están en marcha, y dijo que sólo se puede hablar de una cifra máxima de 100.000 millones a discutir. Agregó que esta cifra es "ridícula" y denunció que "se está arando una tempestad en un vaso de agua".

Sobre las medidas anunciadas por Rato para un control más estricto del gasto público, dijo que paralizarán más la inversión pública y se mostró seguro de que los ayuntamientos y comunidades autónomas no las aplicarán porque "no son realistas".

OTROS GRUPOS

Las explicaciones de Rato también fueron contestadas por el Grupo Nacionalista Galego e IU, que votaron en contra del decreto-ley. Joan Saura, de IU, compartió con Rato que el anterior Gobierno ha realiado prácticas presupuestarias abusivas, pero dijo que no está justificada la subida de impuestos del alcohol y tabaco y acusó al Gobierno de Aznar de hacer una redistribución "regresiva" de la renta.

CiU, PP y PNV apoyaron decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de julio. Frances Homs, de CiU, señaló que el informe de la Intervención General del Estado no dice que existan ilegalidades, y dijo que lo que hay son diferentes criterios contables, y pidió al PP que no vuelva a hablar de la herencia ocialista.

Fernando López Amor, del PP, apuntó la necesidad de "hacer borrón y cuenta nueva" para que el nuevo Gobierno pueda hacer una política presupuestaria clara y logre cumplir los objetivos de Maastricht y luchar por el crecimiento económico y contra el paro.