En la sesión de este martes, cuyo comienzo está previsto a las 11.00 horas, se debatirán y votarán en primer lugar tres proyectos legislativos a los que les falta la aprobación definitiva del Congreso tras haber incorporado enmiendas durante su paso por el Senado.

Son, concretamente, el proyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; el proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública; y la proposición de Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Después, el Congreso debatirá y votará dos dictámenes de la Comisión de Reglamento que se aprobaron el pasado jueves y que reforman la norma que regula el funcionamiento de la Cámara Baja. Uno de ellos revisa la redacción del propio Reglamento para dotarlo de lenguaje inclusivo, una iniciativa postulada inicialmente por el Grupo Socialista y el de Sumar y que, entre otras cosas, rebautizará como Congreso a secas a la Cámara.

El otro modifica los artículos 82 y 98 del Reglamento para, por un lado, ampliar los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático, en concreto el fallecimiento o la necesidad de cuidados de sus familiares, y, por otro, crear un Consejo Consultivo, dependiente de la Mesa del Congreso, que se encargará de conceder y renovar las credenciales de prensa a los medios de comunicación en función de ciertas normas de comportamiento y determinadas prohibiciones, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones.

Finalmente, el Congreso convalidará o derogará tres decretos del Gobierno dentro del plazo de un mes estipulado para ello. El aprobado por el Consejo de Ministros del 17 de junio, sobre recursos de los sistemas de financiación territorial; el del 24 de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, y, finalmente, el aprobado en el Palacio de la Moncloa el pasado 8 de julio, que declaró diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.