El dictamen aprobado por el pleno del Parlamento vasco, sin los votos de Herri Batasuna, los socialistas y el independiente Xabier Markiegi, concluye que el máximo responsable político del fraude fue el entonces director general del Servicio Vasco de Salud y miembro del PSE-EE, Mario González.

La segunda conclusión es que el fraude benefició a personas relacionadas con el Partido Socialista y la UGT y que fue posible gacias a una trama de poder político compuesta por personas vinculadas al PSOE.

En contra del dictamen se manifestaron Herri Batasuna y el PSE-EE. El portavoz socialista rechazó la existencia de una trama política generalizada y matizó que lo apuntado en el informe son meros indicios.

"Me parece mucho más problemático", dijo el socialista Pedro Hernández, "terminar hablando de la trama implicando a los manipulados, a los manipuladores, a las empresas, a los directivos, al PSE-EE, etc... Yo no creoen interpretaciones de este tipo tan generalizable que solamente una paranoia colectiva pueden significar".

El presidente de la comisión y miembro de Euskal Ezkerra, Pablo Ruiz de Gordejuela, replicó acusando a los socialistas de esquizofrenia.

"Creo que si existe algún problema o desequilibrio es la esquizofrenia que padece algún partido que quiere luchar o que dice querer luchar por la limpieza; sin embargo se ve en la obligación de defender a quienes desgraciadamente realizaron el fraude", indcó.

Eusko Alkartasuna y el Partido Popular han presentado sendos votos particulares en los que piden que se extienda la responsabilidad política al PSE-EE y al Gobierno vasco. Los socialistas presentaron otro voto particular rebajando las consideraciones del informe.

El Gobierno vasco que surja de las próximas elecciones autonómicas tendrá la obligación de enviar al Parlamento, en un plazo máximo de seis meses, una comunicación con las actuaciones legales y organizativas que permitan el acceso a a función pública en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad.