Los 11 miembros que en este momento tiene el TC han concluido en votación secreta que los nuevos magistrados reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal. De este modo se culmina la renovación de un tercio del tribunal de garantías que llevaba pendiente desde el pasado mes de junio en un Pleno que no ha durado ni media hora.

Esos requisitos establecen que “deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.

Los dos magistrados designados por el Consejo son María Luisa Segoviano y César Tolosa. Los dos nombrados por el Gobierno son Juan Carlos Campo y Laura Díez. Sustituyen al actual presidente, Pedro González Trevijano; al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y a los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares. En los próximos días se publicarán los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado y jurarán sus cargos ante el rey Felipe VI.

A continuación, tendrán que votar su nuevo presidente en un próximo Pleno, ya que el actual, Pedro González Trevijano, es uno de los miembros que salen del órgano. Para ocupar su cargo se barajan los nombres de dos candidatos de perfil progresista. Son el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y de la magistrada María Luisa Balaguer.

ASUNTOS PENDIENTES

El Tribunal Constitucional tiene asuntos sensibles pendientes de resolver que con el cambio de mayorías podrían recibir un dictamen diferente. Es el caso de la Ley del Aborto o la reciente sobre la eutanasia.

La primera lleva más una década esperando sentencia por la imposibilidad de acuerdo en el tribunal de garantías. De hecho, no se ha llegado a someter a votación desde que el PP presentó recurso de inconstitucionalidad en 2010. El punto conflictivo es el que autorizaba a las menores de 16 y 17 años a abortar sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de la norma que regula la eutanasia aprobada en junio pasado por las Cortes, están pendientes los recursos que presentaron el PP y Vox, este último enmienda la plana a la ley por considerar que el derecho a la vida tiene “carácter absoluto”. El PP, mucho menos categórico, apela al refuerzo de los cuidados paliativos como alternativa.

Además de estas normas, el nuevo TC tiene sobre la mesa decidir sobre la normativa catalana que intenta eludir la obligación de impartir el 25% de la enseñanza en castellano y sobre la ‘ley Celaá’ de educación sobre la que pesan recursos precisamente sobre el uso del castellano en las comunidades con leguas cooficiales o sobre el trato que se da a la asignatura de religión, planteado por Vox.

En relación con el entramado social y laboral, el TC tiene sobre la mesa el recurso sobre la votación que permitió la aprobación de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que logró la mayoría gracias al voto equivocado del diputado popular Alberto Casero. El PP esgrimió que no se le permitió enmendar el error. Vox cargó contra la aprobación por vía de urgencia de la norma.

En este terreno también es especialmente significativo el recurso de Vox contra la Ley de Vivienda que bloquea la ejecución de desahucios a personas vulnerables. A su entender, esta norma atenta contra el derecho a la propiedad y protege al delincuente. En el caso del PP, el TC tendrá que pronunciarse contra .la nueva ley de vivienda de Cataluña que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a personas vulnerables que ocupen una vivienda.

En relación con el entramado institucional, el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando esté en funciones y deberá resolver el amparo solicitado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que perdió su acta de diputado tras haber sido condenado por la agresión a un policía durante una manifestación.