Así consta en la documentación aportada al juez José Luis Calama por la representación procesal de Roberto Roselli, ex alto cargo de la aerolínea rescatada por la SEPI en 2021 con un préstamo de 53 millones. No obstante, en los ficheros entregados no se aclara si la compañía acabó pagando a la petrolera chavista, ya que en ese momento era objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de este país.

Roselli fue uno de los principales directivos de Plus Ultra y desempeñó funciones de director financiero antes de convertirse en consejero delegado (CEO) de la aerolínea. Durante los años previos al rescate público aprobado en 2021, estuvo especialmente vinculado a la gestión económica de la compañía, participando en la búsqueda de financiación y en las negociaciones relacionadas con la viabilidad de la empresa durante la crisis provocada por la pandemia.

Entre las pruebas entregadas por Roselli en la Audiencia Nacional y a las que ha tenido acceso Servimedia, figura un intercambio de correos electrónicos mantenido el 27 de noviembre de 2020 entre el propio Roselli y el entonces director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo.

En dicha comunicación, el representante del organismo público solicitó formalmente a la aerolínea el listado de proveedores con los que mantenía "deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal".

"PAGO INMEDIATO"

En respuesta, la dirección de Plus Ultra facilitó una relación de acreedores destinados a recibir un "pago inmediato" tras la recepción del primer tramo de la ayuda, fijado en 19 millones de euros. Encabezando esa lista figuraba la petrolera PDVSA, con un saldo pendiente de 4.694.926 euros a fecha de 31 de octubre de 2020, importe que superaba con frecuencia el resto de compromisos con otros proveedores.

En la documentación entregada a la SEPI se explicaba que la elevada cuantía obedecía al suministro de combustible y se aclaraba expresamente que la petrolera "no puede cobrar hasta solventar su situación en la OFAC", en alusión a las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

Los reportes periódicos de gestión remitidos con posterioridad a la Comisión de Seguimiento de la SEPI reflejan que la cancelación de la deuda con la petrolera venezolana experimentó diversos aplazamientos y ajustes respecto a las previsiones iniciales del plan de viabilidad. No se aclara si la compañía acabó pagando a la petrolera chavista, ya que en ese momento era objeto de sanciones por parte de EEUU.