Así, después de que en días previos la PMP, junto al Cermi, la Fundación ONCE y las organizaciones de consumidores CECU, FACUA y OCU, reclamasen la tramitación inmediata de esta ley, se da por fin luz verde a la tramitación parlamentaria urgente de una norma que pretende garantizar eficazmente los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación para consumidores vulnerables y personas mayores a la hora de acceder a los servicios de atención a la clientela.

De este modo, la Plataforma acogió “con gran satisfacción” el mantenimiento del texto anterior, que incluye sus aportaciones realizadas en la pasada legislatura, y que incorpora medidas como la limitación del tiempo de espera a tres minutos para que los usuarios sean atendidos telefónicamente; que estos tengan la opción de prescindir de los sistemas automatizados para ser atendidos por un profesional especializado; o la obligación para las entidades financieras de asegurar los canales presenciales, atendiendo al principio de prestación personalizada.

La PMP solicitó, asimismo, el máximo consenso político para la tramitación de esta importante y urgente norma, la cual ya acumula un retraso de diez años. Además, apeló a que “se siga la senda y espíritu de su anterior paso por las Cortes Generales”, donde hubo un amplio acuerdo por parte de todos los grupos con representación parlamentaria a la hora de impulsar su tramitación en los aspectos esenciales, con el fin de blindar la protección de las personas consumidoras en España.