La entidad destacó la relevancia de este reglamento para las personas mayores, especialmente para aquellas con deterioro cognitivo, y valoró que la norma las incluya expresamente entre sus destinatarias. No obstante, subrayó que sus beneficios alcanzarán también a otras personas que encuentran barreras para comprender información, orientarse o relacionarse con bienes, servicios y entornos.

Según explicó la PMP, el reglamento extiende la accesibilidad cognitiva a ámbitos esenciales como los transportes, los espacios públicos urbanizados, las telecomunicaciones, la atención sanitaria, las administraciones públicas, la Justicia, el empleo, la cultura y los procesos electorales.

Asimismo, destacó que la norma adopta un enfoque amplio, al beneficiar también a personas con discapacidad, personas en situación de analfabetismo o analfabetismo funcional y aquellas que afrontan dificultades de comprensión derivadas del idioma u otras circunstancias sociales.

La Plataforma recordó además que participó en el proceso de elaboración del reglamento a través del trámite de información pública. Entre sus aportaciones, defendió la incorporación de una perspectiva específica de envejecimiento, el refuerzo de la comunicación clara y sencilla en los servicios esenciales y el establecimiento de mecanismos de evaluación que permitan conocer el grado de cumplimiento de la norma.

En este sentido, la organización consideró que la accesibilidad cognitiva constituye una herramienta clave para reforzar la autonomía personal, favorecer la participación social y prevenir situaciones de exclusión. También advirtió de que las dificultades de comprensión pueden verse agravadas por factores como la brecha digital, la complejidad de los procedimientos administrativos o la falta de adaptación de determinados servicios.

El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, afirmó que el reglamento “marca un antes y un después en el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como un derecho” y subrayó que “comprender la información, orientarse en los servicios públicos o realizar gestiones cotidianas con autonomía no son cuestiones accesorias, sino elementos básicos de ciudadanía, igualdad y dignidad”.

Fernández reclamó que el desarrollo de la norma vaya acompañado de “recursos suficientes, formación especializada y mecanismos de seguimiento y evaluación” que permitan traducir este avance normativo en mejoras reales para la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas mayores.

La PMP reiteró su disposición a seguir colaborando con las administraciones públicas, el movimiento asociativo y los agentes sociales para impulsar entornos y sistemas de comunicación accesibles, así como para avanzar en la simplificación de los procesos y cargas administrativas.