Así lo expresó ante las disposiciones adicionales que ha añadido el Gobierno al texto de anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que garantizan dicha atención personalizada.

En este sentido, la PMP considera, entre otras cosas, que “es necesario” corregir y matizar algunos aspectos que aparecen reflejados en el anteproyecto de ley, como son las posibles sanciones de hasta 1.000 euros para el cliente financiero, si se demuestra que este ha actuado de mala fe en sus reclamaciones o ha cometido abusos. Para la PMP, “es comprensible”, pero “también es cierto que las entidades bancarias deberían recibir ese mismo trato, en función de su volumen de negocio, si hay reincidencia y reiteración en malos comportamientos frente a los consumidores”.

Por otra parte, en cuanto al hecho de que los bancos puedan recurrir las decisiones del nuevo organismo, tal y como establece el nuevo texto, la PMP opina que la posibilidad de recurso por el banco “no tendrá efectos suspensivos de la sanción, salvo que así lo estime el juez razonadamente, por lo que “no se admitirán pactos días antes del juicio para evitar que el banco sea condenado en costas”.

“Esta conducta supone un fraude de ley que persigue vaciar de contenido los derechos del consumidor, alargando el juicio y evadiendo la condena en costas en última instancia”, ya que, según señala, “evitar las costas recae sobre los demás, particularmente, en el contribuyente (en la ciudadanía en general y en las personas mayores, en particular)”.

Según indica, “no hay igualdad de condiciones para estos pactos que suponen un abuso de posición dominante”. “En igualdad de condiciones, a las entidades financieras no se debería penalizar al consumidor recurrente con las costas si no obtiene una mejor posición que la ofrecida por la autoridad, salvo que se actuara de mala fe y así lo estableciera el juez”, señala.

El nuevo anteproyecto de ley se encuentra actualmente sometido a audiencia pública para después ser aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022.

En este sentido, la PMP considera que el plazo la creación del nuevo organismo de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero “se debe tramitar y ser operativos con carácter de urgencia”, para lo que insta a incorporar en la propia ley una disposición adicional, en la que se autorice a Hacienda dotar al organismo con cargo a los créditos de imprevistos (sección 35 de los Presupuestos Generales del Estado), con el objetivo de que “entre en funcionamiento inmediatamente”, sin tener que esperar a diciembre de 2023.