Así lo reivindicó durante su intervención en la ‘Jornada España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: Avances, retos y compromisos’, que se celebra en el Congreso y que también contó con la participación de la directora general del Imserso, María Teresa Sancho.

En su alocución, Fernández explicó que el “objetivo fundamental” del acto era “tejer alianzas para, entre todos, impulsar lo que va a ser, sin duda, un proceso complejo, largo”, de elaboración de la Convención Internacional de los Derechos para las personas mayores.

A su juicio, las convenciones “tienen un proceso de redacción, de consenso entre cientos de países muy complejo”, por lo que calculó que ese proceso de redacción “al menos dure cuatro años”.

“Ojalá que para el 2030, que es una fecha horizonte, podamos tener un redactado e incluso que se iniciaran ya los procesos para aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas”, deseó, al tiempo que pidió que, “por favor, no nos alarguemos”.

“Queremos verlo y poder disfrutar de ese marco jurídico que implicaría la convención”, agregó, para, a continuación, indicar que, con la convención, “quizás no se trata tanto de derechos nuevos, pero sí de sensibilizar” sobre todas las “dificultades y brechas” que afrontan las personas mayores.

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS

Tras lamentar que la sociedad española “sigue llena de ideas estereotipadas en torno a los mayores”, Fernández denunció los “sentimientos prejuiciosos” sobre las “posibilidades” que tienen los mayores, de lo que “se derivan acciones discriminatorias”.

“Tenemos mucho que hacer”, reconoció, al tiempo que urgió a “trenzar esas alianzas, unir miradas bien diversas” y defendió que las organizaciones de mayores “tienen que jugar un papel muy importante en la implementación y el seguimiento de la convención”.

Por último, hizo hincapié en que España no cuenta con una ley general de los derechos de las personas mayores y advirtió de que “no podemos quedarnos con brazos cruzados esperando cinco años una convención”, dado que ve necesaria una “política de Estado que permita dar una respuesta democrática a las necesidades de este sector”.

Por su parte, Sancho admitió que “no ha sido un proceso fácil”, sino que “han sido muchos años, más de una década de debate”, consciente de que la convención forma parte de un proceso “histórico” de “reivindicación” del movimiento internacional de las personas mayores.

Para Sancho, se trata de un instrumento que “servirá de empuje para diseñar una sociedad más igualitaria, mucho más justa, que garantice el derecho a envejecer con salud, con bienestar y con dignidad” y agradeció al Cermi su liderazgo en la articulación de la convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, a la que admitió que muchas personas, entre las que se cuenta, se han “agarrado como un clavo” porque “realmente nos sirve mucho para defender derechos”.

Por último, avanzó que la convención “será un instrumento para transformar perspectivas desde un punto de vista ético y jurídico”, así como para “aumentar la visibilidad” de las personas mayores y de sus derechos “en unos momentos difíciles, bastante difíciles donde el edadismo tiene más auge que nunca y la discriminación también”.

PONENCIA MARCO

La ponencia marco, centrada en ‘la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: contexto, alcance y estado del proceso internacional’, corrió a cargo de la directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe y profesora adjunta de la Universidad de Galway (Irlanda), Dª Nena Georgantzi, quien lamentó el “edadismo estructural” que afecta a las personas mayores y advirtió de la “necesidad urgente” de contar con una convención internacional.

Para finalizar, reivindicó que el proceso de elaboración sea “ambicioso” y que las propias personas mayores participen en él para lo cual exigió “un grupo de redacción inclusivo”, en el que las personas mayores “tienen el papel importante”, convencida de que “estamos en un momento histórico y es una oportunidad no solo para construir un texto jurídico, sino para construir una visión del envejecimiento y de la solidaridad que nos va a acompañar también para las próximas generaciones”.