En primer lugar, la PMP resaltó que, a pesar de algunos avances, el 19,5 % de las personas mayores de 65 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas, asegurando su existencia y cumplimiento a través de derechos que garanticen pensiones dignas, accesibilidad universal, cuidados de larga duración, sanidad pública accesible y servicios comunitarios suficientes.

Tal y como señaló el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, “no podemos permitir que quienes han sostenido este país durante décadas afronten su vejez en desigualdad o precariedad. España tiene una deuda con las personas mayores, y esa deuda se llama derechos”.

En este contexto, la PMP reforzó su demanda de una Ley Integral alineada con el proceso internacional, ya puesto en marcha, de elaboración de la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, cuyos estándares sirven de base para el reconocimiento expreso de derechos básicos de las personas mayores y con discapacidad mayores. En palabras Fernández, “España puede y debe ser un referente internacional y una Ley Integral alineada con la futura Convención de la ONU enviaría un mensaje inequívoco: los derechos no caducan”.

Así, la PMP destacó que, entre las prioridades de la Ley Integral, debe estar el urgente refuerzo de políticas públicas destinadas a garantizar una cartera estatal de servicios esenciales suficientes y estables en el tiempo. Además, dicho marco normativo, debe incluir mecanismos de protección frente al maltrato, la discriminación por edad y la exclusión digital; así como establecer criterios comunes para evitar desigualdades territoriales en la atención y protección.

En este sentido, la PMP advirtió que ninguna ley, por ambiciosa que sea, será eficaz sin un “aumento sustancial de la financiación pública” destinada a pensiones, cuidados, accesibilidad universal, sanidad y servicios sociales. De esta manera ha exigido, como demandas fundamentales, el incremento de la inversión en cuidados de larga duración hasta al menos el 1,5% del PIB; el establecimiento de mecanismos que garanticen que ninguna pensión quede por debajo del umbral de pobreza; y el refuerzo de la sanidad pública, especialmente en los ámbitos de la atención primaria y la atención geriátrica.