Además de más empleo y de empleo de calidad, otro instrumento para este fin que reclama la Plataforma es la distribución más equitativa del porcentaje de ingresos del PIB, ya que España cuenta con una diferencia de siete puntos en relación a la media europea.

Así lo manifestó el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo, en el marco del XII Congreso Notarial Español, que, bajo el lema ‘El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo’, se está celebrando en Málaga y en el que más de 70 expertos del ámbito sanitario, político, económico, universitario, sociológico y jurídico debaten sobre el envejecimiento de la población y los retos, tanto regulatorios como jurídicos y sociales, que presenta.

Su participación en el Congreso tuvo lugar en la mesa redonda ‘Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento’, junto con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo; y la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) Inmaculada Ruiz Martín, miembros todos de la PMP.

Durante su intervención, el presidente de la PMP declaró que el problema de la sostenibilidad de las pensiones “no hay que afrontarlo desde el punto de vista de los gastos, sino de los ingresos”.

Así, Rodríguez Castedo insistió en que la generación de ese crecimiento puede lograrse en nuestro país a través de la economía social y de los cuidados. “Podrían crearse entre ochocientos mil y un millón de puestos de trabajo para profesionales del sistema de dependencia. Con ello se aumentaría el consumo y las cotizaciones a la Seguridad Social, de tal forma que se produciría un círculo virtuoso positivo. Necesitamos relanzar la vía de generación de ingresos para poder avanzar en los servicios de bienestar”, recalcó el presidente de la PMP.

Por su parte, durante la mesa redonda, Inmaculada Ruiz puso de manifiesto la situación en que viven “las mujeres mayores y, particularmente, las viudas y las bajas pensiones que perciben. Las políticas de igualdad no están bien aplicadas en este ámbito”.

Asimismo, el presidente del Cermi recordó que en nuestro país “más de dos millones de personas con discapacidad son mayores y además tienen necesidades específicas que les provocan mayores gastos que al resto”. También rompió una lanza en favor de las nuevas tecnologías, “que son claves como elementos de apoyo para estas personas”.

Finalmente, Rafael de Lorenzo reclamó una legislación específica de protección de las personas mayores “que todavía no existe”. “Necesitamos también una Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el ámbito europeo, el desarrollo del pilar de derechos sociales y, al mismo tiempo, fortalecer el movimiento asociativo nacional y generar alianzas que nos ayuden a avanzar mucho más”, concluyó.