Lo hizo durante la Reunión de Inclusión Financiera mantenida este miércoles con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En el encuentro, convocado por el ministro y enmarcado en el seguimiento del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, participó una delegación de la PMP compuesta por su presidente, Jesús Norberto Fernández; la vocal de su Junta Directiva, Imelda Fernández; y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; además de representantes de las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC); la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez; la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y, de manera telemática, el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan.

Durante la reunión, la PMP trasladó a Cuerpo sus preocupaciones y demandas clave, insistiendo en que la que la accesibilidad financiera no es un privilegio, sino un “derecho fundamental”. En primer lugar, la Plataforma señaló que, a pesar de los avances en la aplicación del citado Protocolo, todavía existen deficiencias persistentes y riesgos de exclusión en materia de servicios bancarios.

En primer lugar, en línea con lo planteado con el Defensor del Pueblo y la CNMC, la Plataforma propuso que servicios esenciales como la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios y la garantía de puntos de atención bancaria en núcleos poco poblados sean declarados “servicios económicos de interés general”. Esto aseguraría "su provisión a toda la ciudadanía, viva donde viva".

Por otro lado, la PMP denunció el “inadmisible bloqueo de la Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero”. Exigió al conjunto de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, “responsabilidad política y voluntad real para aprobarla de inmediato”, señalando que resulta “inaceptable que, tras casi tres años desde su promoción en la anterior legislatura, esta norma vital siga bloqueada por decisiones políticas, el rechazo de algunos partidos y la resistencia del sector bancario y legal”. A este respecto, Cuerpo manifestó el “compromiso del Gobierno en trabajar con el mayor esfuerzo posible” para que dicha ley sea aprobada antes del mes de diciembre.

Asimismo, la Plataforma reclamó la implementación inmediata de la Ley 11/2023 y las mejoras de accesibilidad. Solicitó el “máximo compromiso” de las entidades bancarias en la implementación de una estrategia urgente de accesibilidad y formación real para empleados y comercios.

Finalmente, la PMP reiteró que la inclusión financiera “no es un ideal abstracto ni una promesa aplazada: es una urgencia presente, una cuestión de justicia social y de dignidad”. En palabras de su presidente, Jesús Norberto Fernández, “para millones de personas, ya sean mayores, con discapacidad o que viven en zonas rurales, poder acceder a su dinero, comprender una operación bancaria o recibir atención humana no puede ser un privilegio: es un derecho, por este motivo, seguiremos trabajando con el objetivo de construir una banca realmente accesible, cercana y al servicio de todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, edad o nivel digital, porque una sociedad verdaderamente moderna no es la que más se digitaliza, sino la que no deja a nadie atrás”.