Así lo hicieron en un encuentro en Servimedia, en el que también participaron la arquitecta de Ceapat-Imserso, Nieves Peinado, y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda, Anselmo Menéndez. Este último también coincidió en que esta medida sería un “elemento fundamental”.

El presidente de la PMP señaló que esta idea funciona muy bien en Francia porque el ciudadano “no tiene por qué saber de dónde viene el dinero”, sino que debe poder ir a su Ayuntamiento y que le den información sobre cómo se tramitan todas las ayudas y beneficios.

Por su parte, Barrio apuntó que sería una “idea magnífica” que depende de la voluntad política porque habría que contar con todos los municipios y comunidades autónomas. “Es a lo que se tiende en otros países”, apuntó, recalcando la dificultad de coordinar a tantas administraciones diferentes.

Resaltó el modelo del notariado, que cuenta con un único procedimiento de actuación para todo el país y que le permite llegar de igual manera a una gran ciudad que a un pueblo pequeño. Destacó que, con desastres como el provocado por el volcán de La Palma o la DANA de Valencia, notarios de todo el país colaboraron para generar actas para las personas afectadas que no tenían documentación.

Desde el Ministerio de Vivienda, Menéndez apuntó que esta cuestión depende de comunidades autónomas y ayuntamientos y pidió plantear el problema “desde una perspectiva de escala”. Recalcó que los fondos para rehabilitación del Next Generation incluían partidas para una suerte de ventanilla única.

PLAN DE VIVIENDA

El presidente de la PMP subrayó que el recientemente aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros que deberán canalizarse a través de las distintas administraciones hasta llegar al nivel municipal, donde se deben “coordinar todas las políticas que inciden en que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa”.

Además, apuntó que las políticas de vivienda y accesibilidad también deben incluir la adaptación de los entornos inmediatos, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.

Igualmente, reclamó tener en cuenta la sociedad envejecida a la que se dirige el país y señaló que las comunidades autónomas pueden coordinar todos aquellos mecanismos que se deben desencadenar si alguien tiene algún tipo de dependencia, porque son competentes en materia de vivienda y de servicios sociales.

"ENFOQUE INTERGENERACIONAL"

“Abramos todavía más el foco para seguir pensando que en las políticas de vivienda también tenemos que darle un enfoque intergeneracional o de pactos de convivencia”, remató.

El Plan de Vivienda 2026-2030 amplía el plazo para la ejecución de determinadas actuaciones del plan anterior destinadas a aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible para personas mayores o con discapacidad.

También contempla promociones de alojamientos temporales, modalidades residenciales tipo ‘cohousing’, viviendas intergeneracionales y otras fórmulas similares, además de actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de las viviendas, con especial atención a las personas con discapacidad.