Así lo planteó a través de unas enmiendas al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, actualmente en trámite parlamentario.

Entre sus propuestas, destacan las mejoras dirigidas a garantizar la inclusión financiera de las personas mayores y con discapacidad mayores, gracias a medidas que respondan al principio de prestación personalizada, así como aquellas que velen por el principio de proporcionalidad y equilibrio entre clientes y entidades financieras.

Asimismo, envió propuestas dirigidas a que la ley garantice el acceso los servicios financieros a las personas, en gran número mayores, que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y que carecen de dichos servicios, “para que se supere su especial indefensión y desprotección”.

Para la Plataforma, que, por otra parte, valoró positivamente que esta norma recoja parte de las alegaciones planteadas por los colectivos de mayores, “es necesario poner a disposición de las personas consumidoras vulnerables medios de apoyo y asistencia individualizada para el acceso efectivo a la información vinculada a sus finanzas personales, con especial consideración a la edad o la discapacidad como elementos de riesgo de exclusión financiera”.

Además, en su opinión, es “fundamental” el compromiso para el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otras.