Así lo puso de manifiesto Fernández durante su intervención en el diálogo sobre 'La situación económica de las personas mayores y el reto intergeneracional', que también contó con la participación de Joaquín Pérez, referente del Programa sobre Personas Mayores, con Discapacidad y Cuidadoras de Cruz Roja Española; el vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis y economista especializado en Mercado de Trabajo y Sistema de Pensiones, Antonio González; y la vicepresidenta Primera del Consejo General del Trabajo Social, Lucía González, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Fernández advirtió de que, en el ordenamiento jurídico, “falta” esa “pieza legal”, que, a su entender, permitiría abordar “muchos” aspectos relativos a la igualdad, autonomía, no discriminación, calidad de los servicios, brechas digitales o de género o “blindar” el sistema de pensiones y “reforzar” el sanitario.

En este sentido, juzgó “muy importante” disponer de “una norma de este tenor”, al igual que ocurre con “otros colectivos en España”, como los menores o las personas con discapacidad.

“Sería un tema muy importante y, además, yo diría que ahora lo que toca es eso, porque lo que no vamos a estar esperando es a que dentro de cinco o siete años se apruebe la Convención de Naciones Unidas”, abundó.

NORMA GLOBAL

En la misma línea, urgió a “hacer una norma global” que “mejore las situaciones de protección jurídica, social y de todo orden” de las personas mayores, que “ponga en orden la dispersión normativa” actual y que, de manera “holística”, contemple también los “nuevos derechos que van apareciendo al calor del derecho familiar, los derechos hereditarios o de la protección de la persona o de su patrimonio”.

“Corresponde en nuestro país, por fin, hacer un plan estratégico que nos permita coordinar las administraciones públicas a los tres niveles territoriales oportunos y que relance una serie de cuestiones que están pendientes de plasmar en una hoja de ruta muy clara: sanidad, cuidados, pensiones, edadismo, brecha digital, maltrato”, apostilló.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

En este contexto, celebró que Naciones Unidas haya “puesto el foco” en la “necesidad” de impulsar una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores después de que, en abril, su Consejo de Derechos Humanos aprobase una resolución para iniciar la redacción de la misma, si bien estimó “más operativo plantear este tema también por otra vía” para “ver por dónde llegamos antes” a conseguir los objetivos marcados.

A este respecto, avanzó que la propia convención internacional “va a obligar” a llevar a cabo “una revisión y una actualización de la legislación”, dado que el del envejecimiento de la población se trata de un “proceso” ante el que “no podemos pasar y mirar hacia otro lado”.

“Dentro de poco seremos 15 millones de personas mayores, un 30% de la población, uno de cada tres”, calculó, al tiempo que llamó a “hacer una nueva narrativa, una nueva mirada, una nueva planificación” y a “construir una sociedad donde las personas mayores tengan un papel muy importante”.

En el mismo sentido, Joaquín Pérez afirmó que la convención representa un “marco supranacional” que “ayuda mucho como instrumento a poder plasmarlo después en las distintas leyes”, tal y como ocurrió con el “efecto” de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, reivindicó, "incluso en nuestro país ha conseguido, por fin, cambiar la Constitución”.