La PMP señaló que, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2024, en España las mujeres mayores de 65 años perciben una pensión media un 29,2% inferior a la de los hombres, una brecha superior a la media de la Unión Europea (24,5%). Es más, si se atiende a la pensión mediana, que refleja mejor la situación de la mayoría de las personas pensionistas, la brecha se eleva hasta el 41,1%, una de las más altas del entorno europeo.

“La brecha de género en las pensiones no es un dato aislado: es la consecuencia final de toda una vida de desigualdades en el empleo, en los salarios y en el reparto de los cuidados”, subrayó la PMP, que recuerda que las discriminaciones no desaparecen con la jubilación, sino que se consolidan y se traducen en mayor vulnerabilidad económica en la vejez.

Por otro lado, la Plataforma también recordó que, durante décadas, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres, sin reconocimiento económico ni derechos asociados. Generaciones de mujeres llegan hoy a la jubilación con pensiones más bajas y menos derechos económicos, a pesar de haber sido el soporte silencioso del bienestar colectivo.

En este sentido, la PMP recalcó que el sistema de pensiones reproduce buena parte de esa desigualdad acumulada. La investigación académica reciente advierte de que el actual complemento por brecha de género, aunque supone un avance, presenta límites significativos: no corrige plenamente las desventajas estructurales ni compensa de forma suficiente las trayectorias laborales fragmentadas y las interrupciones por cuidados que han asumido las mujeres. “Las soluciones parciales no bastan frente a desigualdades estructurales”, insistió la Plataforma; añadiendo que “la igualdad no puede tener fecha de caducidad. Mientras una mujer mayor siga cobrando una pensión claramente inferior solo por haber cuidado más, haber dejado antes su empleo o haber trabajado con contratos precarios, nuestra democracia tendrá una deuda pendiente de justicia de género y de justicia intergeneracional”.

Por otra parte, la Plataforma considera necesario tener en cuenta que las mujeres mayores con discapacidad envejecen con características diferenciadoras, tanto desde el punto de vista biológico como en relación con su contexto social y cultural. La convergencia de edad, género y discapacidad genera situaciones específicas de mayor vulnerabilidad que deben ser abordadas desde las políticas públicas, incorporando de manera efectiva la accesibilidad universal, los apoyos personales y una atención sanitaria y de cuidados adaptada a sus necesidades.

Desde una perspectiva intergeneracional y de justicia social, y en línea con las recomendaciones del Instituto de las Mujeres, la PMP planteó un paquete de medidas para abordar la brecha de género en las pensiones y las desigualdades que la originan, integrando siempre la perspectiva de edad: reconocimiento efectivo del trabajo de cuidados no remunerado a lo largo de toda la vida, garantizando que se traduzca en derechos contributivos reales y en pensiones dignas; reforma estructural del sistema de pensiones con perspectiva de género, que impida que las interrupciones de carrera por razones familiares penalicen de por vida a las mujeres; revisión y mejora del complemento por brecha de género, de forma que cumpla verdaderamente una función compensatoria y llegue especialmente a quienes arrastran trayectorias laborales más fragmentadas o precarias; medidas específicas dirigidas a las actuales pensionistas para revertir los efectos acumulados de discriminaciones laborales y sociales; integración conjunta de las políticas de igualdad y de envejecimiento, evitando que las mujeres mayores queden fuera de la agenda feminista y de las estrategias públicas; impulso de un sistema público de cuidados sólido, universal y corresponsable, que garantice derechos a quienes necesitan cuidados y a quienes los prestan.

En definitiva, la PMP exigió que el lema ‘Derechos, justicia y acción para TODAS las mujeres y niñas’ no sea solo una consigna, sino una hoja de ruta efectiva que actúe desde la infancia hasta la vejez, incorporando de forma explícita a las mujeres mayores en todas las políticas de igualdad, de protección social y de cuidados.

“La justicia debe reparar desigualdades acumuladas durante toda una vida. Las mujeres mayores no son el pasado: son memoria, son presente y son garantía de un futuro más justo para todas”, concluyó la Plataforma, que hace un llamamiento a los poderes públicos, a los agentes sociales y al movimiento feminista para situar, de una vez por todas, a las mujeres mayores en el centro de la agenda de igualdad.