Así lo precisó su presidente, Lázaro González, en el marco del acto de presentación del estudio sobre 'El trato de las personas mayores en las instituciones' que tuvo lugar en Servimedia moderado por el director general de la agencia, José Manuel González Huesa, y en el que, además, participaron el director de Fresno Consulting y responsable del estudio, José Manuel Fresno; la secretaria de Estado de Función Pública del Gobierno de España, Clara Mapelli, y la coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España del Imserso, Maite Pozo.

Durante su intervención en el diálogo, el presidente de la PMP recordó que la primera es una ley en la que la plataforma “ha trabajado mucho”, convencido de que “es muy importante” para que la banca “dé un buen trato a las personas mayores”.

“Que no se dé buen trato solo al que paga, sino que todas las personas mayores puedan tener una atención presencial”, abundó, para rechazar la imposición de una “digitalización salvaje” en este sector y abogar por que esta sea “paulatina para personas que no puedan acceder a ella”.

Tras agradecer los “esfuerzos enormes” que hizo Nadia Calviño para avanzar en su aprobación y el trabajo del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el mismo sentido, González defendió que dicha normativa “garantizará a diez millones de pensionistas que usan obligatoriamente los servicios bancarios tener un trato adecuado”.

“La banca ha hecho esfuerzos, está mejorando porque firmaron con Economía un protocolo, pero, al no ser obligatorio, hay veces que no se cumple y la ley es fundamental”, incidió, convencido de que, además, “evitará” que la relación entre cliente y entidad “sea una lucha de David contra Goliat”.

En este contexto, aseveró que, en estos dos últimos años, la plataforma “ha trabajado mucho en que las leyes se mejoren, colaborando con el Congreso, el Senado y el Gobierno” y señaló que, junto a esta, hay otras “dos leyes fundamentales”, en referencia a la de Servicios de Atención a la Clientela y la de Igualdad de Trato y No Discriminación.

Por lo que se refiere a la primera, que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha enviado al Congreso después de que el Consejo de Ministros la aprobara el pasado 27 de febrero, también la juzgó “muy importante”, dado que “hoy todos somos clientes de alguien”.

Entre otras cuestiones, fija en tres minutos el tiempo máximo del que dispondrá una compañía para atender el 95% de las llamadas telefónicas que reciba de sus clientes, a la vez que “acorta a la mitad” los plazos de los que dispondrán las empresas para la resolución de reclamaciones, que pasan de un mes a 15 días, según anunció entonces el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Para González, dicha normativa “es muy importante” y las empresas “tienen que aprender que atender bien a la clientela es bueno para ellas mismas porque ofrecerán servicios de más calidad y la clientela tendrá más confianza en ellas” y, sobre todo, “estarán contribuyendo socialmente a que todos los ciudadanos se sientan iguales”.

En cuanto a la Ley integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que ya fue aprobada pero que aún no ha sido desarrollada, también la consideró “fundamental para garantizar este derecho a que los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin discriminación y sin que sean segregados”.

“Es una norma importante”, reiteró, para precisar que, una vez aprobada, el Gobierno “debe controlar que se cumpla porque es muy importante para el trato que dan las empresas”.

Por su parte, el director de Fresno Consulting y responsable del estudio, José Manuel Fresno, denunció que el “trato inadecuado” que desvela el estudio en relación a algunos servicios “es más frecuente” en ámbitos como los relacionados con la telefonía o la banca, mientras que en otros ámbitos como sanidad o transporte público “hay una satisfacción más alta con respecto al trato”.

Preguntados “específicamente” por cómo perciben el trato de las entidades bancarias hacia las personas mayores, un 23% de encuestados dijeron que se les habían “cobrado comisiones injustas e indebidas por recibir un servicio bancario” y hasta una cuarta parte estiman que “han sufrido una discriminación cuando han accedido a los servicios bancarios”.