Según informó el PNV en un comunicado, este cambio entrará en vigor de forma inmediata, al estar incluida en el decreto-ley de subsidios aprobado este martes por el Ejecutivo.

La formación nacionalista destacó que esta modificación ya estuvo en vigor entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Esto fue así porque estaba incluida en el Decreto-ley 7/2023, que finalmente decayó tras el voto contrario de Podemos al texto legislativo por otras razones.

Al aplicarse ahora la reforma, el PNV destacó que se da cumplimiento al acuerdo de investidura firmado por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 10 de noviembre.

El portavoz de los peneuvistas en el Congreso, Aitor Esteban, celebró el acuerdo y afirmó que esta "reivindicación histórica" permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos y también del resto de España.

VIGILANCIA PARA MANTENERLA

Además, Esteban destacó que su partido "continúa siendo la voz de Euskadi en Madrid para dar cauce a las necesidades de nuestra ciudadanía", y recordó que "cuando la prevalencia decayó en enero dijimos que estaríamos vigilantes para que volviera a estar en vigor, y así ha sido".

La modificación legislativa realizada en el Estatuto de los Trabajadores establece que en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y asociaciones empresariales podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales autonómicos que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo estatal. Esto se producirá siempre que obtengan el respaldo de las mayorías exigidas y su regulación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los convenios o acuerdos estatales.

También podrán tener la misma prioridad aplicativa los convenios colectivos provinciales cuando así se prevea en acuerdos interprofesionales autonómicos y siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los convenios o acuerdos estatales.

En estos supuestos, se considerarán materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.