Así lo indicaron ambos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Legarda preguntó a Marlaska “qué otras medidas tiene previsto adoptar” ante “las frecuentes noticias de agresiones con armas blancas” y en cuanto tiempo se compromete a llevar a cabo las modificaciones normativas “precisas” para “afrontar este grave problema”.

En concreto, Legarda denunció que “con más frecuencia de la deseable” se conocen noticias de “peleas y ataques con armas blancas” en espacios públicos que provocan heridos de “diversa gravedad, e incluso de manera no infrecuente de muertos”. Hechos que, avisó, “alarman a la ciudanía en cualquier parte del Estado”.

Esta “alarma”, explicó, “también se produce en Euskadi”, algo que trasladó el lehendakari, Imanol Pradales, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última reunión de cooperación bilateral para abordar “esta problemática” y el porte de armas blanca quede “claramente prohibido, sin lugar a interpretaciones” en ciertos lugares.

Mas allá de las medidas comentadas, conocer qué otras medidas podrían adoptarse para informar sobre las prohibiciones relativas al porte de armas reglamentarios en los lugares mencionados y las consecuencias de su incumplimiento, porque tenemos la convicción de que gran parte de la ciudadanía las desconoce.

MARLASKA

Por su parte, Marlaska recordó que en la reunión del 27 de marzo de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y el País Vasco, entre los acuerdos que surgieron, algunos fueron en materia de seguridad pública y se hizo una referencia en concreto a los hechos en los que se ven involucradas armas blancas.

Según Marlaska, se acordó que se “debía definir algunas reformas legislativas que ya vamos a poner en marcha”, “tanto en el Reglamento de Armas, como en el ámbito de trabajar en la sensibilización informativa de la sociedad y en los lugares públicos”, y como en lo relativo a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Concretamente, se habló de reformar el artículo 43 de la Ley Seguridad Ciudadana, “que sea efectivo el registro general de infracciones en materia de seguridad ciudadana con el fin de controlar, corroborar o definir más y que la respuesta sea más efectiva”, según explicó el ministro del Interior.

También señaló que desde 2022 el Gobierno está actuando desde el ámbito operativo con una instrucción para “reforzar el control sobre el tipo de armas, prevenir su uso y una coordinación y un trabajo homogéneo” entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con un plan de actuación y coordinación policial contra los grupos violentos de carácter juvenil donde estos hechos acontecen con determinada asiduidad”.