Esta petición está recogida en una moción consecuencia de interpelación que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) defendió este martes en el Pleno del Senado.

En defensa de la iniciativa, la senadora del PNV Nerea Ahedo criticó que la implementación del nuevo pacto europeo de migración sigue sin definirse y pidió crear un sistema de gobernanza compartida con las autonomías, especialmente las de frontera, para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Asimismo, la moción pide aclarar legalmente cómo se reparten las competencias sobre menores migrantes no acompañados entre el Gobierno central y las comunidades, y establecer un fondo estatal suficiente y estable para apoyar a las regiones más afectadas en servicios como sanidad, inclusión y asistencia jurídica.

Igualmente, la senadora del PPNV pidió mejorar la coordinación mediante canales de información en tiempo real sobre flujos migratorios y capacidad de acogida, garantizar un sistema interno de corresponsabilidad que reparta de forma equilibrada las obligaciones entre territorios y que se reconozca oficialmente la especificidad de la ‘Ruta Atlántica’ migratoria y la Frontera Norte como áreas con características migratorias propias.

Además, Ahedo denunció la falta de información y concreción por parte del Gobierno a pocos días de la entrada en vigor del pacto, tanto en las adaptaciones legislativas como en los recursos, los protocolos o el papel de las comunidades autónomas, que son las encargadas de la acogida y no pueden trabajar “sobre hipótesis”.

También reconoció que cree que la moción no saldrá adelante por la mayoría parlamentaria que tiene el PP en el Senado, pero agradeció de antemano a los partidos que la apoyen.

CRÍTICAS

Precisamente, la senadora del PP Maria Dolores Marcoa criticó la gestión migratoria del Gobierno y apoyó la preparación ante el pacto europeo, pero pidió reforzar la moción con más claridad competencial, financiación y coordinación real para evitar improvisaciones.

Por ello, defendió una enmienda a la iniciativa del PNV -que se no aceptó- en la que incide que la cooperación debe respetar el reparto competencial y garantizar que cada administración tenga claro su papel, con información fluida y coordinación permanente.

La senadora popular destacó que la aplicación del pacto europeo no debe suponer más cargas para las comunidades autónomas sin financiación suficiente, defendiendo un principio de corresponsabilidad financiera y un reparto equilibrado y transparente de responsabilidades.

En una línea más crítica, el senador de Vox Javier Valentin Alonso rechazó la moción y la política migratoria actual del Gobierno, así como el apoyo del PNV al Ejecutivo, y dijo que aumentar recursos no es la solución, apostando por su enfoque más restrictivo.

Asimismo, acusó al Gobierno de incentivar la inmigración y no ejecutar suficientes órdenes de expulsión. Alonso también defendió priorizar los intereses nacionales —vivienda, servicios públicos y seguridad— frente a las políticas actuales, que considera que están generando presión sobre esos sistemas.

APOYOS

Por su parte, el senador del PSOE Miguel García apostó por reforzar la moción del PNV con un análisis más amplio de la migración, defendiéndola como necesaria, pero alertando del endurecimiento del enfoque europeo: “Europa va a poner en marcha un modelo migratorio que solo busca aumentar el porcentaje de deportaciones”.

Pese a esto, recordó que la aplicación del pacto dependerá de los gobiernos nacionales. Además, abogó por un “estudio integral sobre el fenómeno migratorio” que permita tomar decisiones con datos reales en ámbitos como rutas, costes, impacto en servicios públicos y necesidades del mercado.

En su caso, el senador de Izquierda Confederal Fabian Chinea apoyó la moción del PNV al considerar que la migración requiere respuestas “profundamente humanas” y coordinadas, y defendió la participación de los territorios de primera acogida como Canarias y pidió actuar sobre las causas en origen, apostando por la cooperación con África.

Además, advirtió de que el pacto europeo puede suponer “un retroceso histórico para los derechos humanos” si prima el control sobre la protección.