Fuentes del PNV explicaron que este partido ha trasladado al Gobierno que quiere una modificación de la Ley del Suelo que responda a las necesidades de los gestores municipales, una regulación del alquiler de temporada que permita evitar el fraude y lo diferencie del turístico, y una delimitación clara de las competencias autonómicas que evite una recentralización de las políticas de vivienda.

Respecto a la Ley del Suelo, el Grupo Vasco considera imprescindible "dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos" para "construir vivienda con mayor dinamismo", retomendo una proposición de ley que ya presentó y fue rechazada. Ahora pide, además, que al abordar esta modificación el Estado no asuma competencias que son propias de las comunidades autónomas.

En cuanto a los pisos turísticos, además de diferenciarlos del alquiler de temporada, el PNV quieree que se aplique el 10% que corresponde a su carácter de actividad económica y, por tanto, se le aplique el IVA correspondiente al hospedaje, del 10%: “Si es una actividad económica, debe tributar como una actividad económica. Ni más, ni menos”.

Respecto a la prórroga de alquileres que propugna Sumar, el Grupo Vasco está dispuesto a apoyarla siempre que que esté limitada en el tiempo y que el arrendatario lleve al menos doce meses al corriente del pago, para así "garantizar estabilidad a quien cumple regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, seguridad jurídica a quien pone una vivienda en alquiler".

PODEMOS

Si el PNV quiere flexibilizar los controles públicos y burocráticos que limitan la construcción, Podemos considera excesiva la flexibilización que ya contiene el decreto y exige como "condición ineludible" para negociar su apoyo a su convalidación en septiembre que se eliminen los artículos que reforman la Ley del Suelo.

De acuerdo con el borrador del decreto que el Gobierno ha trasladado a Podemos, éste modificaría el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.

El primero de los cambios implicaría, según Podemos, legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros, y limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.

El segundo cambio eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin; una reforma que considera "hecha a medida" de los promotores de la Operación Chamartín.

Fuentes de Podemos denunciaron que "la reforma que el Gobierno intenta colar en el decreto es prácticamente igual" a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que fue tumbada por los grupos de izquierdas.