Según informó la diputada peneuvista Maribel Vaquero durante la sesión de control al Gobierno, esta iniciativa busca garantizar que los pactos alcanzados entre los ejecutivos vasco y español "no sean invalidados por las únicas interpretaciones competenciales de la jurisdicción ordinaria".

La parlamentaria vasca argumentó que actualmente "no está garantizado que la última instancia jurisdiccional sobre los conflictos de competencia sea el Tribunal Constitucional", lo que supone que los tribunales ordinarios están ejerciendo "una jurisdicción que excede de sus funciones".

El anuncio se produjo después de que el Tribunal Supremo anulara el real decreto que traspasaba al País Vasco las competencias en materia de homologación de títulos universitarios extranjeros, una decisión que el PNV considera que vulnera la tutela judicial efectiva y crea indefensión en las administraciones públicas.

SEGURIDAD JURÍDICA

La diputada nacionalista puso como ejemplo lo ocurrido en Navarra con el acuerdo de traspaso en materia de tráfico, así como el reciente acuerdo de la Junta de Seguridad sobre las funciones de la Ertzaintza en puertos y aeropuertos vascos.

La suspensión del traspaso de homologaciones ha dejado en el aire 200 tramitaciones de las 800 previstas, afectando especialmente a la incorporación de personal sanitario que, según el PNV, es "tan necesario en estos momentos" en Euskadi.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió que su Ejecutivo respeta la sentencia del Supremo del 19 de abril, aunque reiteró su "compromiso con el autogobierno de Euskadi" y su voluntad de "trabajar conjuntamente" para buscar soluciones.

BALANCE DE TRASPASOS

Sánchez destacó que desde 2018 se han acordado más de 15 traspasos de servicios y competencias al País Vasco, siendo los más recientes los relativos al proceso de acogida de refugiados, permisos de trabajo a extranjeros y meteorología.

La parlamentaria vasca insistió en que su formación "no se conforma" con la situación actual y pidió "un árbitro justo" y "seguridad jurídica" para garantizar el desarrollo del autogobierno vasco acordado entre administraciones.

El jefe del Ejecutivo manifestó que esperarán a conocer el contenido de la iniciativa parlamentaria anunciada por el PNV, reiterando su disposición a "fortalecer el autogobierno" del País Vasco y encontrar soluciones para materializar los acuerdos pendientes.

EFECTOS PRÁCTICOS

La anulación del decreto de homologaciones por parte del Supremo ha tenido consecuencias directas en la gestión administrativa vasca, especialmente en el ámbito sanitario, donde se necesitaba agilizar la incorporación de profesionales extranjeros.

El Alto Tribunal fundamentó su decisión en que la verificación de títulos universitarios extranjeros debe ser competencia exclusiva del Estado, siguiendo la doctrina establecida previamente por el Tribunal Constitucional en materia de títulos profesionales.