Fuentes de Podemos se declararon este lunes optimistas ante la posibilidad de que la Ley de Vivienda, que el Consejo de Ministros aprobó el 2 de febrero de 2022, pueda por fin tramitarse en el Congreso de los Diputados un año después, al haberse acercado las posiciones entre el PSOE, Unidas Podemos y grupos parlamentarios como ERC y EH Bildu, que son imprescindibles para sacarla adelante.

Según las citadas fuentes, Unidas Podemos está negociando con el PSOE que el tope al precio del alquiler de los pisos situados en las zonas que una comunidad autónoma o un ayuntamiento declare tensionadas por cobrarse en ellas rentas muy elevadas o que consumen gran parte de los ingresos de los inquilinos se imponga también a los nuevos contratos.

El texto que salió del Consejo de Ministros imponía ese tope al alquiler en las sucesivas renovaciones de contratos, pero en Podemos temen que los grandes propietarios retiren del mercado sus viviendas justo antes de que se apruebe la Ley y luego las vuelvan a meter para así salir indemnes de su regulación.

El grupo confederal exige por tanto extender la normativa a los nuevos contratos para que así el límite sea eficaz y lo note el bolsillo de los ciudadanos, según explicó gráficamente esta mañana en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández.

Paralelamente a esta exigencia del socio minoritario del Gobierno, ERC y EH Bildu están reclamando al PSOE otras dos mejoras en el texto que salió del Consejo de Ministros. Unidas Podemos, que presentó junto a esos grupos enmiendas a la Ley haciéndose eco de las peticiones de los colectivos de derecho a la vivienda, las ve con muy buenos ojos.

GRANDES TENEDORES

Por un lado, dichos grupos negocian que el tope al alquiler, que el texto original limitó a los propietarios de diez o más pisos, se haga extensivo, al menos, a los que tienen entre cinco y diez. Para ello, reclaman que el concepto de gran tenedor de vivienda rebaje su criterio a los cinco inmuebles.

Por otro, reclaman reducir la ‘vacatio legis’ o moratoria de 18 meses que el PSOE impuso en la negociación, a finales de 2021, de los Presupuestos de 2022, cuando Unidas Podemos exigió un compromiso para aprobar la Ley de Vivienda.

Los socialistas lo asumieron a cambio de establecer esos 18 meses de plazo desde la entrada en vigor de la norma hasta que se aplicara el tope al precio del alquiler, una moratoria que justificaron señalando que hacía falta tiempo para actualizar los índices y concretar qué cantidad era la máxima que podía cobrar un casero a sus inquilinos en las zonas tensionadas.

Sin embargo, en Unidas Podemos confían en que el PSOE ya percibe la norma y sus disposiciones con menos suspicacia y que incluso la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, responsable última de la ley, la ve con buenos ojos y se sentirá orgullosa de sacarla adelante.

Si se aprobara antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, Podemos considera que el debate se trasladaría a los gobiernos autonómicos del PP que, como el de Madrid, advierten de que no harán uso de su capacidad de declarar zonas tensionadas en las que los precios del alquiler deben quedar por debajo de los límites establecidos.

Un debate que estiman que sería muy favorable para la izquierda, toda vez que esos gobiernos del PP tendrían que explicar en la campaña electoral por qué se niegan a aplicar medidas beneficiosas para todos sus votantes que residen en pisos de alquiler.