La iniciativa, firmada por la portavoz adjunta del Grupo Mixto e integrante de Podemos, Ione Belarra, se presenta coincidiendo con el 50 aniversario de las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975, cuando cinco jóvenes antifranquistas fueron fusilados: Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz (militantes del FRAP), y Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegui (miembros de ETA).

Según la propuesta de Podemos, la Ley de Memoria Democrática ha permitido ya la anulación de las condenas de Baena y Sánchez-Bravo, pero no existe aún resolución administrativa para García Sanz, 'Txiki' y Otaegui. Por ello, la PNL reclama que las anulaciones pendientes “se realicen de oficio, evitando que la reparación dependa de la iniciativa de familiares o allegados”.

El texto también exige “dar continuidad” a la Comisión Técnica constituida en abril de 2024 para estudiar las vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre 1978 y 1983, y garantizar que sus conclusiones se plasmen en una norma con rango de ley.

Asimismo, Podemos pide “reforzar la aplicación del régimen sancionador contra la apología del franquismo”, prohibir “de forma preventiva” actos de exaltación como las marchas del 20N, y declarar “lugares de memoria espacios emblemáticos de la represión”, como la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid.

En materia legislativa, la iniciativa plantea reformar el Código Penal para incorporar el principio de legalidad internacional de los tratados de derechos humanos, ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la revisión de querellas inadmitidas, y garantizar el cumplimiento de los dictámenes de la ONU. También propone aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que impida clasificar violaciones de derechos humanos, sacar adelante la Ley de Bebés Robados y derogar la Ley de Amnistía de 1977, que consideran “clave para poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas”.

Belarra subrayó en la exposición de motivos que “la violencia política y la represión no terminaron con la muerte de Franco” y que entre 1975 y 1983 se produjeron 591 muertes por violencia política, de las que 188 fueron de origen institucional. A su juicio, “persisten graves déficits que perpetúan la impunidad” y que solo podrán corregirse “con voluntad política y reformas legales que garanticen verdad, justicia y reparación”.