Belarra y Montero aprovecharon sus intervenciones en abierto ante el Consejo Ciudadano de Podemos para avanzar el que se antoja como su principal mensaje de campaña. Belarra dijo que en las elecciones del 9 de junio se juega “si vamos a poder construir una Europa de paz o se va a profundizar en la Europa de la guerra con una economía centrada en el gasto militar y la vuelta a unas reglas fiscales que tanto daño hicieron”.

También marcó distancias con Sumar, su rival electoral directo en esos comicios, al asegurar que en los comicios “se decide si España va a tener una izquierda transformadora, una izquierda valiente”, porque “este Gobierno no tiene nada que ver con el anterior” y “Pedro Sánchez y el Partido Socialista están mucho más cómodos”, aprobando “medidas de maquillaje”.

Sobre el ‘Borkum’, insistió en que “ según todos los indicios disponibles va a terminar llevando armas a Israel” y en que lo que ha hecho el Ejecutivo “es absolutamente patético”. Como esta mañana, alertó de que “es altamente probable que España se haya convertido en un país de tránsito habitual en la ruta principal para que Israel se arme” y criticó que “esté más preocupado de criticar a quienes lo denunciamos que de hacer algo”.

“Nosotras queremos saber más”, reclamó, y preguntó “por qué si el barco no tenía nada que ocultar finalmente no ha hecho escala en Cartagena”, “qué va a hacer el Gobierno para impedir el paso de otro barco implicado en esta misma ruta”, el ‘Vertom’, y reclamó “que se investigue cuántos barcos como estos han pasado por España en estos más de siete meses de genocidio”.

"PARTIDO DE LA GUERRA"

Respecto a la guerra en Ucrania, insistió en oponerse a “comprometer apoyo militar indefinido a una guerra suicida” y lamentó que “el tiempo nos haya acabado dando la razón demostrando que el Partido Socialista se está convirtiendo en un partido de la guerra más” y que era erróneo “seguir alimentando la esperanza de un pueblo como el ucraniano”. En su lugar, insistió en las vías diplomáticas, aunque avisó de que “hoy Rusia tiene muchos menos incentivos para sentarse a negociar”.

Inmediatamente después de Belarra, Montero sintetizó que las elecciones del 9 de junio dirimirán “si Europa va a apostar por la guerra y por la complicidad con el genocidio en Palestina o si va a ser una potencia para la paz”, la cual le parece “la tarea política más urgente”. “En economía de guerra aumentan las desigualdades”, advirtió, augurando que será “la excusa para volver a imponer las reglas fiscales de austeridad” y los recortes y “para incorporar a la extrema derecha al centro de mandos de Europa”.

La candidata situó a los socialdemócratas y los Verdes, en los que se referencia Sumar, en el bando de quienes promueven la guerra en Ucrania y no hacen nada por Palestina. Y, sobre el carguero, añadió la advertencia de que, aunque no hiciera escala en Cartagena, ya la hizo en Las Palmas y por tanto “el Gobierno debe asegurarse de que las armas del 'Borkum' no llegan a Israel”, porque si así fuera España estaría “cometiendo una ilegalidad y siendo responsables del genocidio en Palestina”.

“Es necesaria una investigación en profundidad que aclare qué ha pasado y sobre todo que sirva de garantía para que nuestro país no forme parte de la ruta de armas del genocidio, y por favor, basta de ridiculizar y de criminalizar al movimiento de apoyo al pueblo palestino, incluso desde el Gobierno, diciendo que se equivocan de barco, que no tienen ni idea. Estamos actuando porque es nuestra obligación ciudadana y nuestra obligación como país. El Gobierno no puede indignarse por que la ciudadanía exija las máximas precauciones”, sentenció.

Montero tampoco olvidó distinguir entre el Gobierno de coalición en el que estaba Podemos y el actual, asegurando que el anterior era uno “de cambios” y “que sacaba leyes adelante, que avanzaba en derechos”, y el actual sólo es “un Gobierno de titulares”. Finalmente, defendió en los términos habituales la ley de medios que prepara Podemos, que regulará la propiedad de los medios de comunicación con un reparto de cuotas concreto y un límite al porcentaje del accionariado que puede detentar un banco, un fondo de inversión o una empresa eléctrica.