Fuentes del grupo parlamentario explicaron a Servimedia que el texto se ha enviado al Ministerio que lidera Félix Bolaños porque así lo establece el protocolo de colaboración legislativa entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que su intención es registrarlo como proposición de ley y tramitarlo como tal en el Congreso de los Diputados.

En su exposición de motivos, Unidas Podemos señala que en 2021 la Administración General del Estado gastó 123 millones de euros en publicidad institucional en los diversos medios, y que "resulta preciso determinar que el dato de la audiencia no sea por sí solo el dato determinante para dicho reparto, criterio que perjudica gravemente a los medios independientes y a pequeñas y medianas empresas".

Además, el texto, al que tuvo acceso esta agencia, denuncia en relación al nivel de audiencia que actualmente se utiliza como baremo que "se ha comprobado que no es de por sí un criterio fiable, dado que muchos medios estarían utilizando métodos de agregación de audiencias que distorsionarían los datos obtenidos".

Por todo ello, Unidas Podemos propones modificar el artículo 8 de la citada Ley de 2005 y "orientar la contratación de los medios para publicidad institucional" de acuerdo a principios "que tienen perfecto anclaje constitucional por cuanto sirven a fines de desarrollo de derechos fundamentales en aspectos centrales de una sociedad democrática".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario y secretaria de Cultura de Podemos, Sofía Castañón, justificó la iniciativa explicando que "tiene el objetivo de fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad".

CRITERIOS

Para empezar, Unidas Podemos establece como criterio fundamental "la igualdad efectiva entre mujeres y hombres" en la empresas comunicativas, de forma que, según el articulado de la proposición, "los medios beneficiarios de los contratos" de publicidad institucional "deberán contar con acuerdos de autorregulación que contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres", incluido el reparto equitativo en sus cuadros directivos.

Otro criterio para colocar la publicidad institucional en unos medios u otros sería "el porcentaje de contratación de personas desempleadas en situación especialmente vulnerable". En concreto, "se entenderá que se encuentran en dicha situación las personas jóvenes de 30 años y las mujeres mayores de 40 años que hayan sido contratadas en los doce meses anteriores a la licitación, siempre que se encontraran previamente en situación legal de desempleo". En todo caso, dicho colectivo deberá suponer al menos el 10% del total de la plantilla.

Un tercer baremo sería la "transparencia informativa de la titularidad de dichos medios y de sus ingresos", y se cumplirá tal requisito si el medio explica en su web su balance económico y quiénes son sus propietarios y accionistas. Igualmente, no debe "haber incurrido en prácticas engañosas o desleales con las que se aumente artificialmente el número de visitas".

Otros criterios que se enumeran para ponderar la inversión de publicidad institucional en los distintos medios serían "no incurrir reiteradamente en incumplimientos de las obligaciones deontológicas y ética profesional", no haber recibido financiación de partidos políticos en campañas electorales ni tampoco de la industria del juego, la pornografía o la prostitución; y tener "protocolos internos que aseguren la defensa de la independencia de la redacción", con comités de redacción sin presencia de órganos directivos o el derecho a voto de los trabajadores en los órganos de administración".

La proposición de ley de Unidas Podemos también modificaría el artículo 11 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, para que las administraciones velen por el cumplimiento de estos nuevos criterios, y también se reformaría la Ley Transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno de 2013 para "incluir expresamente entre las obligaciones de publicidad activa la relativa a la información acerca de la publicidad institucional, por ser de evidente interés para la ciudadanía".