Fuentes de Podemos anunciaron esta condición, que obligaría al Ejecutivo a aprobar un nuevo decreto distinto del que se debate y vota esta semana. Según algunos colectivos, unas 900.000 personas podrían beneficiarse de dicha estabilización.

Recordaron además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a quien alaba el Gobierno por su respaldo a la amnistía, ha emitido varias sentencias que le instan a "reconocer la fijeza en su puesto de trabajo de cientos de miles de trabajadores de la administración pública que están en una situación de fraude de ley y abuso de temporalidad".

Podemos, aseguran las fuentes, ha trasladado reiteradamente esta petición al Ejecutivo y ya anunció, semanas atrás, que condicionaba su apoyo a cualquier reforma del empleo público a esta estabilización. Por ello, exige al Gobierno que incluya esta reivindicación en un nuevo decreto que sustituya al RDL 19/2026, que regula la jubilación parcial de determinados empleados públicos.

“Miles de trabajadores públicos son cesados cada semana, a pesar de que tienen derecho a ver reconocida la fijeza en su puesto de trabajo. Es una situación inaceptable que el Gobierno debe abordar inmediatamente”, inciden fuentes de Podemos, que se opondrá al decreto de jubilación parcial si se mantiene su actual redacción y que sólo apoyará dicha reforma si en el mismo decreto se incluye la fijeza de los interinos.

El partido reprocha al Ejecutivo que tenga bloqueada la Ley de Función Pública precisamente por no querer afrontar esta cuestión y que haya hecho que España se arriesgue a fuertes sanciones económicas de la UE por no cumplir con esta estabilización. En este sentido, recuerda que el pasado 29 de junio terminaba el plazo que le dio la Comisión Europea para solucionar este problema y que, en lugar de actuar, el Gobierno pidió una prórroga.