En rueda de prensa en la sede del partido, Serra no sólo reiteró la objeción que ayer pusieron fuentes de Podemos al decreto sobre el subsidio de desempleo, insistiendo en su tesis de que, al bajar la cotización social del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años del 125% al 100% del SMI, la modificación, pese a subir la indemnización en el primer año, “implica recortes en futuras pensiones”. El Ministerio de Trabajo y Sumar han replicado que la subida del SMI en términos absolutos compensa esa reducción.

La portavoz de Podemos, dirigiéndose exclusivamente al PSOE e ignorando a Sumar, aseguró que en su partido quieren “votar a favor”, pero que no pueden hacerlo “a favor de un decreto que implique recortes”. “Nuestros votos están siempre para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no para desarrollar retrocesos en los derechos de las mayorías sociales”, abundó, para concluir en síntesis: “Queremos votar a favor de este decreto, pero para eso no puede implicar recortes”.

Más tarde, la portavoz de Podemos atestiguó que “hay días todavía hasta el miércoles para que el Partido Socialista se siente a acordar con Podemos la retirada de esas medidas que son perjudiciales para los ciudadanos”, y sentenció: “Nuestro voto será favorable en caso de que esos recortes los retire el Gobierno y el Partido Socialista”. Serra justificó que, “si aceptamos recortes ahora, vendrán más”, y que “el Partido Socialista lo puede llamar como quiera, pero para nosotros está muy claro”.

Pero, además de al del subsidio de desempleo, Serra también puso pegas al decreto de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Pese a admitir que “era necesario prorrogar este decreto” y las medidas que Unidas Podemos negoció cuando estaba en el Gobierno, señaló que “hay dos problemas sociales muy importantes”: las “subidas abusivas” del precio del alquiler y el de los alimentos.

Por eso, estableció que, para que Podemos vote a favor de su convalidación el miércoles, se ha de mantener en el 2% el incremento máximo de los alquileres, tanto los nuevos como los que renueven, y fijar también un 2% máximo de margen comercial de las grandes superficies minoristas. “Queremos votar a favor pero para eso son necesarias medidas que son fundamentales para las familias de nuestro país”.

Respecto al alquiler, el decreto de marzo de 2022 fijó una limitación al 2% de las subidas, cuando el IPC estaba disparado al 9,8%. La Ley de Vivienda aprobada en mayo consagró esa limitación para 2023, pero la elevó al 3% en 2024 y emplazó a la elaboración de un nuevo índice, pero en todo caso inferior al IPC, para 2025. Serra afirmó a pregunta de los periodistas que se puede bajar el tope al 2% sin necesidad de modificar la Ley de Vivienda.