Sala dijo que el poder judicial ha dado el visto bueno a la idoneidad de Granados para esempeñar ese cargo, dado que cumple todos los requisitos legales exigidos para ser fiscal general del Estado.

Explicó que Granados, al ser magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cumple con el requisito de haber ejercido efectivamente durante 15 años como jurista, tal como exige el Estatuto del Ministerio Fiscal para que una persona pueda ocupar el cargo de fiscal general del Estado.

El presidente del CGPJ, que señaló que el pleno sólo se limitó a emitir su informe sin valorar otros spectos, se refirió también al anterior fiscal general del Estado, Eligio Hernández, del que recordó que su designación por el Gobierno no fue informada en su día a favor por unanimidad, sino por mayoría. En concreto, fue respaldado por 11 de los vocales del consejo, mientras que otros 6 se opusieron por considerar que no cumplía con el requisito de 15 años de ejercicio efectivo en la carrera judicial.

Indicó que las discrepancias que entonces surgieron en el CGPJ respecto a la designación de Hernánde se centraron únicamente en el aspecto legal de su nombramiento y no en su persona, ya que "era una persona de toda confianza, de toda dignidad y generosidad", incluso para los que votaron en su contra.

Finalmente, respecto al próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la legalidad del nombramiento de Hernández, Sala dijo que "es malo" hacer futurología con las sentencias y agregó que el tribunal no se dejará influir por "el medio ambiente y por la opinión".

Tras el informe favorable del GPJ, el Gobierno puede proceder ahora al nombramiento definitivo de Granados como fiscal general del Estado, lo que probablemente hará en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Así, al día siguiente, sábado, el nombramiento podrá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo que Granados podría tomar posesión de su cargo ese mismo día o a principios de la próxima semana.