Se está retrasando la aprobación de la firma digital dentro de la UE y su entrada en vigor por las discrepancias entre varios países, que no llegan a un acuerdo.

En los últimos meses, la UE ha realizado esfuerzos por fijar un marco común para potenciar el desarrollo del comercio elctrónico en el área europea. Entre los puntos importantes está el de introducir directivas destinadas a la protección de los datos personales y la creación de programas para la captación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas.

Los Quince deben superar todavía sus grandes diferencias lo antes posible para poder reconocer legalmente dicha firma electrónica como una figura equivalente a la firma tradicional en documentos oficiales. Una vez aprobada, la directiva correspondiente establecería las ondiciones y se dispondría la tecnología ("hardware" y "software") adecuada.

La división viene por parte de los representantes de Alemania, Francia e Italia, quienes no están de acuerdo con la Comisión Europea y el resto de Estados y pretenden obtener garantías previas que aseguren una mayor protección a los consumidores, de forma que las condiciones que se quieren discutir se conviertan en obligaciones previas.

Estas condiciones estipulan, por ejemplo, que los datos utilizados en la creación de na firma no puedan localizarse mediante una simple deducción o falsificación gracias a tecnologías fácilmente accesibles para el ciudadano.

Asimismo, la Comisión ha advertido que, en caso de que estos países mantengan sus discrepancias, podría producirse un choque con Estados Unidos, puesto que la legislación impondría un equivalente estándar en los operadores procedentes del exterior de la UE.