Así consta en el sumario de la causa conocido este lunes y al que tuvo acceso Servimedia. Los investigadores plasman sus sospechas en el atestado en el que pedían autorización al juez instructor para realizar registros tanto en la citada empresa como en el despacho del expresidente.

A juicio de la UDEF, la facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas Rodríguez, avalaría su uso para “generar facturación ‘ad hoc’ destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Según el análisis de los informes realizados para la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, amigo de Zapatero que está en el centro de la investigación, éstos no tenían un “valor técnico” que justificara el pago de las facturas que se han registrado.

De hecho, indican que la lista de contactos a los que enviar esos informes la elabora directamente José Luis Rodríguez Zapatero, los textos los aporta Sergio Sánchez, uno de los socios de la consultora y, por tanto, la labor de Whathefav se limitaba a la maquetación del informe y el envío a los clientes.

Según la instrucción del juez José Luis Calama, Análisis Relevante era una consultora cuya actuación carece de “lógica empresarial” y se revela como una pieza “instrumental” a través de la cual Zapatero y sus hijas habrían recibido más de 730.000 euros. En esa línea, el informe señala el papel de Inteligencia Prospectiva, empresa “sin actividad real”, propiedad de dos hermanos venezolanos que canalizaron ingresos de 801.195 euros a la familia Zapatero.

La Policía sitúa a las hijas del expresidente como “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa a cuentas en las que su padre figura como autorizado, por lo que entienden que Whathefav es “un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”.

Por ello, la consideran como “un centro de distribución de flujos económicos” por lo que la UDEF pidió al juez que autorizara el registro con el fin de delimitar “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa.