A través de un comunicado difundido este jueves, la Policía detalló que, a raíz de una información recibida el pasado mes de octubre en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, los agentes se pusieron tras la pista de una red de explotación laboral asentada en Almargen. Los investigadores, que contaron con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de Interpol, pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.

La principal investigada y ahora detenida, ejercía dentro de la organización el papel de "gancho” y era la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua. Ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio. La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era diferente, pues las condiciones ofertadas no se ajustaban a las pactadas: debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos y vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social.

Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Allí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en España. Asimismo, los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.

Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad de Almargen, propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Allí permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.

Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.

Tras la investigación, se llevó a cabo un operativo policial con el objetivo de desarticular el entramado, en el que se llevaron a cabo dos registros en la localidad malagueña y se practicaron siete detenciones.

SEGUNDA RED

La segunda red desarticulada desarrollaba su actividad delictiva en la provincia de Palencia. A raíz de la documentación e información recaba en una operación policial realizada el pasado mes de febrero en esa provincia, los agentes lograron constatar la existencia de dos empresarios de nacionalidad española que regentaban un obrador de pan en la localidad de Alar del Rey, donde los trabajadores eran explotados laboralmente.

Las pesquisas iniciadas permitieron corroborar que los empleados de ese obrador, hombres de nacionalidad marroquí, viajaban desde su país de origen y obtenían un contrato laboral a cambio de cantidades que ascendían a los 15.000 euros. En el puesto de trabajo debían soportar jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso ni vacaciones.

En esta segunda operación, los agentes liberaron a dos víctimas y procedieron a la detención de cuatro personas en las localidades de Alar del Rey y Aguilar de Campoo, entre las que se encuentran los dos empresarios.

BALANCE

Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez en número de víctimas a la trata con motivación sexual, alcanzando las 390 y 374, respectivamente. Dentro del ámbito laboral cabe distinguir que, durante ese periodo de tiempo, por parte de Policía Nacional se liberó a 67 víctimas de trata laboral y a 470 personas como víctimas de explotación laboral.

Además, en ese mismo año, en relación a la trata y a la explotación laboral, la Policía detuvo a un total de 265 personas como presuntos autores de esas modalidades delictivas (60 por trata laboral y 205 por explotación laboral).