Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la investigación comenzó en mayo, tras detectar la existencia de una empresa que empleaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular como vigilantes en obras, a los cuales despedían sin pagarles gran parte de su salario. Cuando esto ocurría, contrataban a nuevos trabajadores en la misma situación, haciendo periódico este modus operandi.

Los investigadores de la Policía descubrieron que se trataba de un entramado criminal que contaba con una perfecta organización, en la que se distinguían diferentes estamentos y un claro reparto de papeles entre los individuos que la conformaban.

Además, la organización operaba bajo esta mercantil utilizando personas ajenas a la misma para ir dando de alta y baja varias empresas con distintas denominaciones, todo ello a fin de eludir el control administrativo, policial y judicial.

HORARIOS INHUMANOS

Esta empresa captaba a migrantes sin permiso en condiciones de explotación laboral, con horarios de trabajo excesivos, sueldos míseros o impagados y en condiciones de peligrosidad para su seguridad y salud. A modo de ejemplo, explicó la Policía, les obligaban a realizar vigilancias dentro de obras en pleno invierno y totalmente a la intemperie hasta 64 horas seguidas, a cambio de falsas promesas económicas.

El pago a los extranjeros en situación irregular se realizaba en mano o mediante efectivo en cajeros para no dejar ningún rastro. En muchas ocasiones, les abonaban únicamente el primer mes, amenazándoles con causarles algún mal si reclamaban las cantidades adeudadas.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención de ocho personas como presuntos autores de los delitos de organización criminal, delito contra el derecho de los trabajadores, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia, pasando todos ellos a disposición de la autoridad judicial.